2021 quedará inscrito en los libros de historia, en especial en aquellos relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, pues ese fue el año en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación para esclarecer la verdad sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde al menos 2014. Una decisión que no solo supone un aliento para las víctimas de dichas violaciones a los derechos humanos, sino que parece corroborar que desde el organismo con sede en La Haya (Países Bajos) consideran que la justicia nacional es incapaz o no tiene interés real en investigar dichos hechos.
A esto hace referencia el informe anual 2021 de Acceso a la Justicia, titulado La CPI decreta el fin de la simulación de justicia en Venezuela, en el cual se denuncia que el Gobierno, el Ministerio Público (MP), la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se orquestaron a fin de mostrar que estaban tomando medidas para castigar casos de violaciones a los derechos humanos.
En el reporte se considera que las autoridades pusieron en marcha cuatro maniobras para impedir la actuación de la Fiscalía de la CPI. La primera responde a los sorprendentes giros y rectificaciones que el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, realizó en los casos del exconcejal Fernando Alban, del estudiante Juan Pablo Pernalete y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Saab no tuvo empacho en reconocer que Alban no se suicidó lanzándose desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), como sostuvo en un principio, sino que murió debido a los malos tratos que recibió en su cautiverio; algo similar en el caso del capitán Acosta Arévalo. Por su parte, en el caso de Pernalete reconoció que al estudiante lo mató una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tal y como lo había asegurado cinco años antes su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz.
La segunda táctica consistió en llevar a cabo maniobras dilatorias del caso venezolano ante la CPI, como los recursos que Saab interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de ese organismo, por presunta falta de colaboración por parte de la Fiscalía del tribunal creado por el Estatuto de Roma. Esta jugada logró retrasar unos meses el pronunciamiento sobre el destino de la denuncia respecto de Venezuela. La tercera fue el anuncio del titular del MP de que comenzaría a combatir la provisionalidad reinante en su despacho, una provisionalidad que él mismo acrecentó y fomentó al reformar en 2018 el Estatuto que rige a los funcionarios y convertirlos a todos en personal de libre nombramiento y remoción.
La cuarta jugada la llevaron adelante el Gobierno y el Parlamento. El Ejecutivo pretendió acallar las críticas internacionales que han recibido los cuerpos policiales al anunciar la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la salida de los presos de los calabozos de los temidos Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Por su parte, la AN también quiso cerrar el frente abierto por culpa de los tribunales militares y así en una apresurada reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y al Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) prohibió expresamente el enjuiciamiento de civiles por parte de los jueces castrenses.
Justicia bajo sospecha
La estrategia, sin embargo, no rindió los frutos esperados. Así, el pasado 3 de noviembre, el fiscal de la CPI, Karim Khan, concluyó que «procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma».
¿El porqué de esto? En el informe de Acceso a la Justicia se señala lo que ha dicho Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH):
«En Venezuela los derechos humanos no están garantizados y que incluso se cometen hechos atroces como son los crímenes de lesa humanidad que son parte de una política de Estado y se cometen bajo la anuencia de cadenas de mando».
En este sentido, la MDH achacó a la sumisión de la justicia los recurrentes casos de ejecuciones extrajudiciales y las torturas que se registran en el país.
«Si los actores fiscales y judiciales hubieran desempeñado de manera adecuada y completa su función constitucional podrían haber evitado la comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o, por lo menos, podrían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado para cometerlos».
En su reporte, Acceso a la Justicia también dejó en claro que el pronunciamiento del fiscal Khan se debe a que en 2021 esta rama del Poder Público nacional volvió a ser objeto de duros cuestionamientos por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció que el sistema judicial incurre de manera sistemática en la violación de al menos cinco derechos fundamentales de los ciudadanos: a la libertad, a la defensa, a una justicia sin dilaciones, a un tribunal independiente y a juicios públicos en el lugar que corresponde; constatando así que en Venezuela no hay justicia imparcial ni debido proceso.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La decisión del fiscal Khan no solo es un duro revés para el Gobierno de Maduro, sino que también es una luz al final del túnel para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, quienes pueden tener esperanza de que sus casos no queden impunes. El hecho de que la justicia internacional decida posar sus ojos sobre la crisis venezolana parece confirmar que la justicia siempre prevalece.
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Vea aquí el informe anual 2021 en inglés.
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