El rescate con 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra empieza a manifestarse como una operación financiera para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. El régimen chavista autorizó a la compañía estatal Conviasa a operar vuelos con España, en diciembre y enero pasados, con Plus Ultra. La relación entre ambas compañías no es nueva y se puso de manifiesto cuando el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el rescate de Plus Ultra por razones ‘estratégicas’, a pesar de que solo operaba con dos aviones, representaba el 0,03 por ciento de los vuelos con origen o destino en España y su situación económica era ruinosa. Lo ‘estratégico’ del rescate fue más bien un ejercicio táctico de apoyo al régimen bolivariano de Maduro.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo investigada por posible malversación de fondos en un juzgado de instrucción de Madrid, cuyo titular llegó a suspender la ejecución del rescate, finalmente autorizado tras la insistencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han pedido también el sobreseimiento de la causa. En todo caso, y a estas alturas, la lenta dinámica judicial hace que sus decisiones, cuando lleguen, sean irrelevantes para la reversión de los perjuicios causados al erario público.
La cuestión, sin embargo, mantiene su significado político al margen del desenlace de la investigación penal. El uso de dinero público habilitado para rescatar empresas en crisis debe ser escrutado con especial detalle y transparencia. Por eso es necesario que las instituciones cuya función es controlar y auditar la gestión de fondos públicos ejerzan sus competencias con más rapidez, de forma que atajen a tiempo los errores o los abusos en la asignación de ese dinero. En un momento como el actual, en el que arrecia el debate sobre la falta de neutralidad del Gobierno en la distribución de los fondos europeos, la operación con Plus Ultra no debe caer en el olvido, porque las sospechas que se generaron cuando el Gobierno decidió rescatarla se han confirmado con el paso del tiempo y, en concreto, con esta vinculación pública del régimen de Maduro a través de Conviasa. El rescate de Plus Ultra llegó también a Bruselas, a través de la denuncia que formuló Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, ante la Comisión Europea.
La colaboración con la venezolana Conviasa no es la única llamativa en los últimos tiempos, porque Plus Ultra también ha aumentado la prestación de sus servicios como operadora a Cubana de Aviación, la compañía estatal del régimen comunista de La Habana. Muchos de esos vuelos son de interés exclusivo del Gobierno de Cuba, como los realizados con China para transporte de carga, o con Libreville, la capital de Gabón, para el envío de profesionales sanitarios. Tampoco puede decirse que sea una relación sorprendente, porque Plus Ultra tiene en su accionariado una fuerte presencia venezolana con vínculos con el Gobierno de Maduro a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. La tendencia a favorecer a regímenes comunistas parece evidente. Ahora bien, no es una situación que deba normalizarse, porque ha mediado mucho dinero de los contribuyentes españoles. El Gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez debería aclarar si realmente este funcionamiento de Plus Ultra es el que consideraba tan estratégico como para darle 53 millones de euros en contra de toda lógica económica y también de toda lógica estratégica, aunque ya es conocido el peculiar y nada recomendable concepto de estrategia que utiliza Pedro Sánchez para justificar sus decisiones.
Este artículo fue publicado originalmente por ABC (España) el 5 de febrero de 2022