Concejales de oposición en la cámara edilicia del municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta, presentaron una moción en el seno de la misma para investigar el supuesto desvío de parte de los recursos asignados al proyecto de Playa El Agua.
Por Corresponsalía
El concejal Jaime González, confirmó que lo que persiguen con esa investigación, es conocer el monto desviado y el procedimiento aplicado para mover esos recursos mientras el proyecto de Playa El Agua, se mantiene inconcluso.
En este caso se encuentra involucrado el empresario Rafael Oliveros, recientemente mencionado por la celebración de su cumpleaños 50 en el Tepuy Kusari, al que fueron invitadas muchas personas de la socialité venezolana.
Oliveros en esa época fue designado como representante del sector turismo neoespartano ante el Consejo Presidencial, lo que lo puso muy cerca del Ministerio del Turismo.
OBRAS INCONCLUSAS
El concejal recordó que el proyecto presentado en marzo de 2015, establecía el reordenamiento territorial desde Punta Cabo Blanco hasta Punta Cazonero y además incluía el saneamiento ambiental de la zona, permitiendo el despeje de la franja de protección costera de los 80 metros, con lo cual se basaron para desalojar a más de 50 empresarios y tumbar toda la infraestructura de los restaurantes que por años, dieron empleo y sustento a más de mil personas.
Igualmente contemplaba la construcción de un paseo peatonal turístico frente a la playa, plazas, anfiteatro al aire libre, áreas deportivas playeras, centros gastronómicos artesanales, baños, duchas, zonas didácticas de protección en las áreas de desove de tortugas y una ciclo vía, ésta última fue inaugurada recientemente y su estructura ya presenta daños por el salitre.
Igualmente incluye la realización de un Mirador Ecológico en Punta Varadero, al extremo norte del paseo peatonal.
Hasta el cableado de alta tensión se encuentra prácticamente en el suelo, representando además un grave peligro para quienes transitan por el área.
TIEMPO E INVERSIÓN
El para entonces Ministro de Turismo, Andrés Izarra, confirmó que dicho plan de desarrollo ecológico tendría una inversión de 51 millones de dólares y debería estar concluido en el año 2019. Cinco años después, gran parte de las obras anunciadas permanecen inconclusas.
Oliveros tuvo acceso a los recursos para el proyecto a través de un mecanismo que el gobierno denominó “Cartera Turística”.
Ni siquiera se ha concretado la reconstrucción de las fachadas turísticas y el pavimento anunciado para convertir esa zona en un “towncenter” de ese destino turístico.
PUERTA DE ENTRADA DESTRUÍDA
Aunque hay mucho temor a denunciar realidades, por el “super poder” que tienen los hermanos Oliveros en la zona, los pequeños comerciantes expusieron la situación que están viviendo como consecuencia del engaño de esas personas, quienes les entusiasmaron con el anuncio de que el mercado artesanal sería totalmente remodelado.
Marleny Vásquez, coordinadora del Mercado Artesanal de los Pequeños Comerciantes de Playa El Agua, indicó que en vista del anuncio, muchos tomaron la iniciativa de desalojar los locales y llevarse sus pertenencias, confiando en la rapidez de los trabajos de remodelación, y ahora no pueden volver a levantar los locales por sus propios medios.
“El mismo Rafael Oliveros nos dijo que el 8 de septiembre del año pasado, en el Día de la Virgen del Valle, sería inaugurado el nuevo mercado, y las condiciones no pueden ser peores”, afirmó Vásquez quien lleva casi cuatro décadas en ese sitio.
Las pocas personas presentes recordaron el caso de Génesis González, una vendedora de trajes de baño en esa área, quien falleció el año pasado al no poder seguir costeando los gastos de la quimioterapia en Caracas y Puerto La Cruz.
“Ella vendía sus piezas en su casa pero no era igual. No tenía los mismos ingresos y el cáncer siguió avanzando hasta que falleció”, lamentó una de sus excompañeras.
IMPUESTOS SIN DESTINO
Otro aspecto que están investigando los ediles, es el destino del dinero que pagan algunos hoteleros y los pocos pequeños comerciantes que fueron reubicados por recomendaciones políticas.
“La señora Sonia Oliveros, hermana de Rafaelito, sale con la policía a cobrar a los hoteles y a los comerciantes. No sabemos cuánto porque eso lo tienen bien guardado e incluso, la alcaldesa saliente, Olga Pérez de Salazar, se negó siempre a investigar el destino de ese dinero que nunca llegó a las arcas de la municipalidad”, confió uno de los comerciantes afectados por el derrumbe de los restaurantes.
PLAYA PRIVATIZADA
Los integrantes de la cámara edilicia también han venido fijando posición en relación con la privatización de facto de playa El Agua, a través de un proyecto gubernamental.
“Prácticamente la playa está al servicio de los hoteleros de la zona y muy pocos turistas y residentes tienen acceso a ella, pues, con la construcción de la ciclo vía, eliminaron los estacionamientos y nadie puede aparcar en la vía cercana. Eso tiene que acabarse para que los turistas y los nativos puedan bañarse en sus aguas”, acotó González.
Decenas de artesanos y vendedores ambulantes en esas costas también se encuentran afectados porque nunca les cumplieron con las promesas de reubicarlos en los locales comerciales que fueron construidos pero, según afirman, son propiedad de Oliveros, y cada local tiene un costo de 36 mil dólares, monto al cual es imposible que puedan acceder esos trabajadores.
CALLE MIRAGUA: LA PRIVILEGIADA
Los negocios de Oliveros están ubicados en su mayoría en la calle Miragua de Playa El Agua, entre ellos el club de playa con el mismo nombre de la calle. Además se le atribuye la propiedad de otros hospedajes entre ellos El Esturión, San Patricio y el hotel boutique Room Garden, en esa misma calle.
En contraste con las otras que circundan el renombrado balneario, esa calle está perfectamente asfaltada y su paisajismo es envidiable.