Reportaron 26 personas como desaparecidas en las minas del estado Bolívar durante el año 2021. Así lo dio a conocer un informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), una ONG que trabaja en esa región del país.
Por Corresponsalía La Patilla
Codehciu informó en el reporte que solo el 27% de los desaparecidos regresaron a sus hogares, pero lo hicieron por su propia cuenta, porque no contaron con ayuda de los organismos de seguridad. “Este porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse, debido a que empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación, o por falta de señal telefónica” indicó la ONG.
Por su parte, 73% de las víctimas no se ha reencontrado con sus parientes. Cinco de ellas son de los estados Apure, Mérida y Lara. “Desde otros estados la búsqueda es más cuesta arriba porque el Estado no cuenta con protocolo de búsqueda y, por lo tanto, familiares deben trasladarse hasta el estado Bolívar para emitir la denuncia. Muchos no cuentan con recursos para tal traslado”, alertó la organización.
De acuerdo con Codehciu, las desapariciones se contabilizaron en los municipios Sifontes, El Callao, Sucre, Cedeño, Angostura del Orinoco y Gran Sabana. “La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que, en 2016, Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera”, manifestó el grupo defensor de derechos humanos en su informe.
“La violencia prospera porque se alimenta de la minería ilegal, controlada por bandas armadas y grupos guerrilleros extranjeros que mantienen el dominio a base de enfrentamientos, castigos ejemplarizantes, y redes de explotación sexual”, agregó.
Desde 2019, cuando Codehciu comenzó a llevar el conteo de desapariciones en las minas, se han reportado 175 casos de personas desaparecidas al sur de Bolívar. “Las víctimas enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para abordar los procesos de investigación, seguimiento y reparación de las víctimas del conflicto minero. Sus familiares están solos”, concluyó la ONG.