El primer envío unilateral de armas españolas a Ucrania saldrá este mismo viernes hacia la frontera polaca con ese país para ser recogido allí por las autoridades. Así lo anunció este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, que detalló que los dos aviones españoles transportarán un total de 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras y 1.370 lanzagranadas anticarro. Estas últimas armas, explican fuentes militares, serán probablemente del modelo C90 fabricado por la compañía zaragozana Instalaza, una de las grandes empresas armamentísticas españolas afincada en Zaragoza y que, en 2018, tuvo una cifra de negocio de casi 30 millones de euros.
Por 20minutos.es
Defensa no ha querido ofrecer demasiados detalles de la primera remesa de armas y, de hecho, el grueso de las mismas se enviarán cuando España se coordine con la UE y el resto de los Estados miembros para reunir el material que demanda Ucrania. No obstante, si finalmente se envían los lanzagranadas C90, el Gobierno estará proporcionando al Ejército ucraniano un arma diseñada para destruir -entre otras cosas- vehículos blindados enemigos y carros de combate a una distancia de hasta 750 metros.
El Catálogo de la Industria Española de Defensa, editado por el propio Ministerio, explica que los lanzacohetes C90 son una “familia de sistemas disparables desde el hombro” que tienen “diferentes alcances hasta 750 metros” y cuentan “con visor óptico y visión nocturna”. Se pueden utilizar con ellos “varios tipos de municiones: antitanque, antibúnker, doble propósito, fumígeno-incendiario, etc.”, explica el informe, que asegura que estas armas pueden penetrar hasta medio metro el blindaje de acero.
El segundo modelo de lanzagranadas que España podría enviar a Ucrania, también de la empresa Instalaza, es el Alcotán-100. Se trata de un arma similar, aunque de mayor alcance y con mejoras respecto al C90: según el fabricante, es capaz de acertar un objetivo que esté a un máximo de 600 metros y, con menos precisión, golpear un área a una distancia mayor de un kilómetro.
Además, este lanzagranadas está equipado con sistemas de visión nocturna y con una cámara térmica. Estos equipos, según detalla Instalaza, “calculan la posición y trayectoria del blanco, miden la temperatura del propulsante, calculan la trayectoria del proyectil y muestran al tirador el punto futuro para maximizar la probabilidad de impacto”.
Instalaza, una empresa con balance millonario
La zaragozana Instalaza es una de las empresas más importantes del sector armamentístico en España. Según datos recogidos por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, en 2018 -último año del que ofrecen esta información- la compañía tuvo una cifra de negocio de 29,87 millones de euros y beneficios por casi cuatro millones y medio de euros, obtenidos a partir de una plantilla compuesta por 109 personas. La empresa prácticamente ha duplicado su volumen de ingresos en los últimos años, puesto que en 2016 facturaba algo menos de 15 millones de euros.
Centrada en la venta de armas ligeras, proyectiles, bombas de dispersión y municiones, Instalaza ha sido objeto de la polémica en varias ocasiones en los últimos años. La compañía, por ejemplo, llegó a reclamar en 2011 una indemnización de 40 millones de euros tras prohibir el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la fabricación de bombas de racimo en 2008, tras la firma de un tratado internacional en este sentido.
Instalaza, una de las grandes fabricantes mundiales de bombas de racimo -su material, supuestamente, llegó a ser empleado por Muamar el Gadafi contra la población civil libia-, argumentó entonces que había sido víctima de un “daño emergente” y que había dejado de ganar dinero en siete países por esta decisión. El Ejecutivo se negó a indemnizar a la empresa y esta acudió a los tribunales, que tras varios recursos desestimaron su demanda en 2015.
Para ese año, Pedro Morenés llevaba cuatro años siendo el ministro de Defensa del Gobierno de Mariano Rajoy. Morenés entró al gabinete en 2011 y para hacerlo tuvo precisamente que dejar su puesto de directivo en Instalaza, un cargo que ocupaba desde 2005. Según desveló eldiario.es, durante la etapa de Morenés como ministro -entre 2011 y 2016-, Instalaza recibió 23 adjudicaciones por valor de 20,5 millones de euros, todas ellas otorgadas por el Ministerio de Defensa.