La familia Ramírez Villamizar, integrada por Emilio Ramírez Villamizar (42 años), Luz Dey Remolina (40), Jefferson Uriel Ramírez (20) y Ehiner Anzola (21), nunca creyó que el día 25 de marzo de 2021 a eso de las 10:00 de la mañana, sería su último día con vida.
María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com
En ese fatídico momento, una comisión de militares pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), actuó con violencia contra los cuatro miembros de esta familia llanera y fueron sacados a la fuerza de su residencia, ubicada en el barrio 5 de Julio de La Victoria, estado Apure. Las acciones eran parte del operativo militar desplegado en la frontera colombo-venezolana, durante el conflicto armado de las disidencias de las Farc y las Fuerzas Armadas Bolivariana (Fanb). Luego de esta brutal arremetida, se encontraron en el sector rural El Ripial, los cuerpos ajusticiados de los Ramírez Villamizar.
A un año de la llamada “masacre de El Ripial”, los familiares de las víctimas claman justicia para uno de los casos más sonados en Apure, luego de la “masacre de El Amparo”, ocurrida el 29 de octubre de 1988, cuando fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”. La excusa de entonces, al igual que ahora, fue la lucha contra grupos subversivos colombianos.
Asesinatos a sangre fría
Emilio Ramírez Villamizar es recordado por sus familiares como un hombre trabajador, dedicado a la ganadería y a la producción de cacao y plátanos en una finca en El Ripial. Comercializaba sus productos en el sector rural Santa Rosa, ubicado en la parroquia Urdaneta en Apure.
Luz Dey Remolina, la única mujer asesinada en la masacre, era ama de casa, siempre pendiente de la administración y labores de su hogar, donde convivía con su esposo, su hijo Jefferson Uriel y su cuñado Ehiner, ambos también fallecidos.
“Le habían pedido que fuera para Arauquita, Colombia, luego de cuatro días de bombardeos. Pero ella se negaba a hacerlo, porque decía que no debía hacer nada para huir. Su esposo se negaba a hacerlo, porque no quería dejarla sola”, relata uno de sus familiares que pidió mantener en reserva su nombre.
Los Ramírez Villamizar eran personas de bien, según vecinos que los conocían, dedicadas a sus labores, arraigadas a su terruño, a tal extremo que a pesar de la intensidad del conflicto armado en La Victoria aquel 21 de marzo de 2021, Luz Dey Remolina estuvo negada a salir de su casa.
“Vivimos momentos de angustia y dolor por este horrible hecho. El dolor no se ha quitado. Esto ha sido muy duro”, relata un familiar.
“No se ha investigado nada”
El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) Walter Márquez, en calidad de apoderado de la familia, denunció que durante el conflicto armado ocurrieron tres masacres: El Ripial, la masacre de un panadero de La Victoria y de La Capilla, las cuales asegura han quedado impunes.
Márquez precisó que en la masacre del panadero Julio César Jiménez, este también fue sacado a la fuerza de su casa en La Victoria por los funcionarios de las Faes. Posteriormente, fue ajusticiado.
Y, por último, la masacre de La Capilla ocurrida el 23 de abril de 2021. Según el exdiputado, es el segundo caso más importante ocurrido durante el reciente conflicto armado, y que ha sido engavetado por los entes de administración de justicia venezolana.
La masacre de La Capilla sucedió cuando las disidencias de las Farc al mando de Gentil Duarte, luego de atacar a ocho miembros del grupo élite de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Además, secuestraron a ocho militares que posteriormente fueron capturados como prisioneros de guerra de la guerrilla colombiana.
“Se cometió el crimen de ejecución extrajudicial de prisioneros. Esto a pesar de que el día 26 de marzo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que se había abierto una averiguación, los entes competentes no llegaron al lugar de los hechos, no le han tomado declaraciones a ningún testigo ni familiar”, declaró Márquez.
Relató que luego de la masacre de La Capilla, siete militares heridos lograron llegar al cuartel de Guasdualito, mientras que tres aún se encuentran desaparecidos.
“Este es un hecho gravísimo e irregular que afecta no solamente a la justicia civil y militar, sino también afecta la imagen nacional e internacional del gobierno y el Ministerio Público. Podemos demostrar violaciones de derechos humanos, que se cometieron crímenes de lesa humanidad y de guerra contra la población civil”, declaró a La Patilla.
Lejos del lugar de los hechos
El jurista considera que lo ideal hubiese sido que las investigaciones estuviesen a cargo de los Fiscales del Ministerio Público (MP) en Guasdualito y la Fiscalía Superior en San Fernando de Apure. Para el también coordinador de la Fundación El Amparo, con estos casos se está en presencia de un fraude, un engaño y una mentira a la opinión pública por parte del régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía General de la República en Caracas, porque no se ha hecho justicia.
“El expediente se lo llevaron a Caracas a la Fiscalía 62 con jurisdicción nacional en la capital de la República, a más de 1.000 kilómetros de distancia donde ocurrieron los hechos”, aseguró.
Durante el conflicto armado del año pasado, no solamente hubo bombardeos indiscriminados, sino también allanamientos ilegales a casas, negocios y templos, persecución a grupos religiosos (católicos y cristianos), la quema de fincas y saqueos, lo cual originó el desplazamiento forzoso de más de 6.000 personas que se vieron obligadas a huir ante el peligro de perder sus vidas.
“Nada de eso ha sido investigado. En mayo del año pasado presentamos una solicitud de investigación de la Masacre de El Ripial, ante el Fiscal General en Caracas, y en noviembre solicité personalmente al Ministerio Público en Guasdualito la apertura de una investigación con copia a la Fiscalía Superior del estado Apure”, resaltó.
FundaRedes, Provea y Foro Penal, organizaciones defensoras de DDHH en Caracas, también están al tanto de los casos de detenciones arbitrarias reportadas en el estado Apure. “Crean falsos positivos para justificar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Alto Apure”, denunció Walter Márquez a un año de estos hechos.