Puede haber momentos en los que no tenemos poder para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en que fracasemos en protestar…”. (-Elie Wiesel).
El secuestro de la soberanía popular, en la designación de los representantes de los órganos del Estado, nos coloca ante aristas de un proyecto hegemónico que afectan el ejercicio mismo de la democracia y potencian el deterioro institucional, claro en el Poder Judicial, que, líder en nombramientos a dedo, liquidó al sistema adversarial.
Cumplir con precisión el texto constitucional, que prevé: “El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos” y exige atender a tres fuentes para designar Magistrados del TSJ, nos evitaría muchos sinsabores, entre otros, tener que lidiar con jueces dispuestos a todo, menos a administrar justicia con probidad.
Las mafias dentro del poder judicial no sólo se han denunciado, si no que han sido admitidas, por ejemplo, Isaías Rodríguez siendo fiscal admitió que existía una mafia, red de extorsión la llamó, a la que pertenecía el difunto Danilo Anderson. Eso fue en el 2004, antes de eso se le llamaban tribus, hubo una famosa, la de David. De ahí para acá las mafias no sólo han existido, peor aún, se apoderaron del Poder Judicial y actúan a la vista de todos, a la orden del día. Manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales, cobro de altas comisiones y pare usted de contar, sobran evidencias y también impunidad, como en el caso que pasó a relatarles, pero allá en Tucacas en el Estado Falcón me comentan unos guisos muy bueno no aquellos que probamos en las playas de Falconianas tales como: Sancocho de pescado. Chivo en sus diferentes formas: En Coco. Guisado. Sancochado. Talkarí. Salado. Mute. Coreano. Carite en escabeche. Selse coreano (Se prepara con la cabeza del cochino). La arepa pelada. La arepa jojota. Queso de cabra. Suero. Bebidas Cocada. El caroto de maíz. Chicha de arroz. Cocuy blanco. Cocuy pecayero. Limón con panela. Leche de burra. Postres Dulce de leche paraguanero. Mancarrón. El Dabudeque. Paledonias. Majarete… No son los antes mencionados sino Guisos Judiciales que se aprendieron algunos los jueces (no todo los metemos en el saco) mediante una organización delictuosa en que manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias de las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial vinculada al poder judicial conocida como “banda Los Enanos”, como lo denunció en su oportunidad el ex magistrado del TSJ Luis Velázquez Alvaray. Se dice esa ‘banda está integrada por siete 7 enanos. Una cuadrilla de poderosos empresarios y ex funcionarios que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis venezolana, donde a maceraron una fortuna en USA y uno de ellos cantó esa verdad con el tuerto Andrade y dice la veracidad de los hechos y reconoce la existencia de la Banda de los Enanos que hoy el Gorrin (La banda de los jueces “enanos”) no puede salir del país y parte de su fortuna está confiscada por los gringos, pero estos hechos hay que denunciarlo aquellos que utilizan la justicia para hacer sus anomalías, según fuentes dignas de todo judicial, a quienes llamaré Cicerón, personaje que catapultó al conductor del programa de opinión José Vicente Hoy con las cuales hacía denuncias públicas, protegiendo a sus fuentes.
Es el caso como me lo comenta Cicerón que el juez provisional del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil con sede en Tucacas, Víctor Flores Luzardo, fue denunciado por ante la Inspectoría General de Tribunales del TSJ, por las irregularidades cometidas en el expediente n° 3343.
La denuncia la realizó el ciudadano Luís Mattioli Pérez, el miércoles 23 de marzo de 2022, porque el mencionado juez, haciendo las veces de portero, le impidió personalmente el acceso a la sede física del tribunal, aduciendo órdenes superiores y ser guapo y apoyado. Así como también, por no estar presencialmente en ese juzgado, aun cuando se trató de un día laborable y haber despacho judicial.
Con ello, refiere el denunciante, el funcionario de la judicatura le impidió el acceso a los expedientes distinguidos con los números el n° 3324 y 3343, en los cuales es parte, limitando mi derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho constitucional al trabajo de los abogados que lo acompañaban.
Por lo demás, explicó el delator ante la inspectoría, que el mencionado juez no le me concedió el término de distancia instituido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de que consta en el expediente que su domicilio es en Barquisimeto, lo que el juez transgredió su derecho de defensa y cometiendo error judicial inexcusable al desacatar los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del TSJ, en sentencias n° 320 del 4 de mayo de 2000 y n° 1400 del 2 de junio de 2003, n° 235 del 4 de marzo de 2011, n° 594 del 5 de noviembre de 2021 y n° 659 del 26 de noviembre de 2021. Pero también, subvierte el debido proceso cuando ordenó la realización de una tasación que contraría el artículo 35 del Decreto-Ley de Arancel Judicial; favoreciendo a su contraparte por motivos inconfesables, en desmedro de los principios de legalidad, dispositivo y de igualdad procesal.
Refiere el denunciante que, el mentado juez, haciendo gala de su predilección, para nada gratuita, por el demandante y en aviesa ignorancia jurídica, desconoció también el contenido del literal “e” del artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, al tiempo que desatendió la doctrina de la Sala de Casación Civil establecida -entre otras- en su sentencia n° 235 del 23 de marzo de 2004. Y, por si fuera poco, injusto y parcializado juez, también incumplió con la Resolución N° 05-2020 de fecha 5 de octubre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil relativa al Despacho Virtual, que lo obliga a llevar el Libro Diario Digital, con lo cual desdice fulgurantemente de la transparencia en el servicio de administración de justicia; lo que puede ser constatado en la página web https://falcon.scc.org.ve
El afectado dice que espera por la respuesta que debe darle la Inspectoría General, quien debe investigar el caso y luego pasarlo a la Comisión Judicial del TSJ próximo a designar a sus nuevos integrantes. Para finalizar dijo que, esa respuesta le está garantizada por el artículo 51 de la Carta Magna y cuando hablamos de justicia debemos escuchar lo que dijo el mexicano, Javier Sicilia Zardain: “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz…”. Lo podemos unir con otra frase del abogado colombiano Aberlardo De La Espriella “Porque el peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial quien desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente, ese es el peor bandido de todos, peor que los narcos. Que los paramilitares que la guerrilla. Porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. El funcionario judicial representa el espíritu de la nación y la democracia. Estos políticos de pacotilla que nos gobiernan se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer porque son nuestra consciencia son el alma de nuestra sociedad…”. Pero la realidad es otra es que la justicia venezolana se le aplican a los pendejos que no tienen los recursos necesarios para obtener eso lo que llamamos justicia. Es tanto así el poder judicial venezolano, pareciera que todo se mueve en un guiso para hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Por eso hago un llamado respetuoso a dos altos funcionarios que siempre leen mis columnas de opinión semanaria, el Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que atiendan esta problemática a fin de que reine la Justicia, como suelen hacerlo cada que formuló estas denuncias públicas, después de las cuales han puesto orden en las instituciones judiciales donde ocurren tales anomalías, así lo han hecho en Aragua, Apure, Barinas, Cojedes, Carabobo, Trujillo y Guárico. Espero que no se olviden de este caso en Tucacas del Estado Falcón.
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