Venezuela, es uno de los diecisiete países “megadiversos” en el mundo, que tiene una inmensa riqueza mineral y está sufriendo una de las peores crisis ambientales de América, con una de las tasas de deforestación más altas de la Amazonía. El régimen Maduro decretó en el 2016 la denominada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco/AM” con la finalidad de “impulsar y facilitar” la actividad minera, especialmente la extracción de oro, diamantes, coltán y “tierras raras”, en una extensa porción del Escudo Guayanés, cuyo tamaño de 112.000 km² equivale al 12% del territorio continental de Venezuela.
De esta manera, la minería se ha ido transformando en una economía descentralizada, con su propio marco regulatorio. Estos frentes de explotación se mantienen dentro y fuera de las áreas naturales protegidas, incluyendo el Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial (UNESCO), y en territorios indígenas protegidos. Esta práctica minera, está poniendo en peligro la cultura de los pueblos indígenas, condicionando la garantía de supervivencia de sus comunidades.
Es necesario recordar que Venezuela, tiene un gran potencial para contribuir al mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta y contribuye a mitigar el cambio climático a través de la conservación de sus inmensas selvas tropicales de la Amazonía y la Guayana.