Sirva todo lo anterior de preámbulo para abordar el tema de la actual realidad del país y para llevar a los venezolanos el mensaje de la importancia de ser reflexivos y analíticos en este momento frente a las circunstancias en que vivimos. Por lo tanto, se impone ponderar con sumo cuidado lo que percibimos, lo que vemos y escuchamos para ubicarnos luego en un grado de conformidad con nuestros sentidos que nos permitan hallar la verdad.
En los últimos días hemos visto cómo se habla de una “falsa normalidad” en el país y de que la situación en Venezuela no se ha arreglado como nos quiere hacer ver el régimen. Aunque es cierto que nuestra nación salió de la hiperinflación, también lo es que sigue teniendo la inflación más alta del mundo, la cual cerró el 2021 con una acumulada anual de 686,4%.
Sin entrar en factores financieros a profundidad, hay dos aspectos que sí debemos tener presentes por su incidencia en lo económico. El primero es la dolarización de facto que existe en Venezuela, porque fue impuesta por los propios ciudadanos y el régimen se mantuvo en el juego por su conveniencia. Esto último lo vemos con los bodegones, por ejemplo, cuyos propietarios en su mayoría son los llamados boliburgueses. Esa dolarización no es absoluta, porque la mayoría de los trabajadores, en especial los empleados públicos, pensionados y jubilados del país, devengan sus salarios en los súper devaluados bolívares. Y tampoco podemos pasar por alto que no todos tienen acceso a dólares, por lo que aquellos en esta condición viven un calvario para poder obtenerlos.
El segundo aspecto es que Maduro en fecha reciente elevó el salario mínimo a 130 bolívares mensuales (poco más de 28 dólares), pero en paralelo impone la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un tributo dirigido a los que denominan “contribuyentes especiales”, que son los que operan con transacciones en divisas y criptomonedas sin tener intermediación financiera.
Maduro y sus funcionarios han señalado que este impuesto busca pechar “a los grandes capitales”, pero es falso, porque cualquier empresa o comercio pequeño que tenga un ingreso de 130 dólares anuales, que no es nada, tiene que tributar vía IGTF. Y callan sobre la manera en que impactará ese impuesto en los bolsillos de los venezolanos, que son los que compran a las empresas de los contribuyentes especiales los productos, los cuales sufrirán un notable aumento en sus precios muy pronto.
De esta manera, con esta carga impositiva del IGTF, el pírrico aumento del salario mínimo a US$29 mensual se evapora con rapidez, como veremos en muy poco tiempo también. En este punto hay que tomar en cuenta que solo la canasta alimentaria en febrero de 2022 alcanzó los 365 dólares, lo que quiere decir que el aumento del salario mínimo apenas cubre el 8% del costo de la canasta alimentaria de ese mes, de acuerdo al análisis del Observatorio Venezolano de Finanzas. Hay que esperar las cifras de marzo y las sucesivas, que no deben ser nada satisfactorias para los ciudadanos del país.
Calidad de vida
La razón de ser de los impuestos es para que los Estados o gobiernos puedan invertir en gastos sociales que mejoren la calidad de vida de la gente. Son la fuente de ingresos para la inversión en materia de infraestructura y en los servicios públicos más básicos, entre otros aspectos. Pero eso no sucede en Venezuela, donde incluso prácticamente se liquidó la descentralización para golpear a las regiones con el único fin de favorecer a la cúpula del régimen y sus colaboradores más inmediatos.
La guerra e invasión de Rusia contra Ucrania afecta en materia económica directamente al régimen de Maduro, cuya sostenibilidad ha estado supeditada a los negocios con el dictador ruso, Vladimir Putin.
Maduro incluso a comienzos de este mes le pidió a la administración de Putin descongelar los fondos producto del petróleo depositados en varios bancos rusos, pero en vista de las sanciones aplicadas a Rusia por su aventura bélica, el asunto se le complica.
Por lo tanto, en el aspecto político por su fallido modelo, en el cual los problemas de los ciudadanos no importan, así como en el aspecto financiero por la corrupción y el despilfarro, las perspectivas de que mejoren los ya ruinosos servicios públicos de Venezuela son una utopía. Y mientras esto sea así, los venezolanos no pueden tener la calidad de vida que por derecho constitucional les corresponde.
En las pasadas semanas nos tocó recorrer casi todo el país llevando el mensaje del Movimiento Salvemos a Venezuela, en la construcción del tejido social y el músculo político en unidad, para alcanzar los objetivos de lograr las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional que nos deben, lo antes posible. Esto nos permitió conocer en su justa dimensión lo que viven los ciudadanos en el interior del país, lo que podemos calificar como una auténtica tragedia.
Comunidades enteras sin agua por meses y hasta años, sin energía eléctrica por más de 14 horas al día o con ausencia total de este servicio durante días. Sin gas doméstico, poblaciones a oscuras por falta de alumbrado eléctrico en las calles, falta de gasolina, problemas serios de recolección de basura, vialidad en pésimo estado, falta de insumos médicos para la atención de los pacientes en hospitales, que a su vez no cuentan con equipos de diagnóstico y tratamientos. Igualmente, comercios y empresas cerradas, lo que se traduce en pérdida de puestos de trabajos y pequeños productores agrícolas que pierden sus cosechas por no tener cómo transportarlas a los centros urbanos para su venta. En resumen, la gira nos hizo vivir el sufrimiento de la gente muy de cerca y es algo doloroso. Y sobre eso debemos reflexionar todos los venezolanos, porque el problema es nacional y es por falta de voluntad política. Urge el cambio, no hay duda de eso.
Visto de esta manera, nos preguntamos ¿cómo alguien puede atreverse a decir que la situación ha mejorado en Venezuela? Es todo lo contrario, está cada día peor.
Vivimos en realidad sin calidad de vida en medio de un espejismo.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.