De viva voz, Michelle Bachelet se refirió a violaciones ocurridas en el país, violaciones de derechos, y alertó sobre el incremento de la presencia de actores armados y grupos criminales, que vendrían a ser los más notorios infractores del derecho internacional de los derechos humanos, y llegar a ese punto implica haber pisoteado el texto fundamental y las leyes del país.
Si bien es cierto que en sus palabras hubo un dejo por “relativizar el sufrimiento y el dolor de quienes son víctimas de la dictadura”, Bachelet confirmó que desde hace tiempo personeros del régimen se pasan las normas internacionales de derechos humanos por el arco del triunfo y existen muestras palpables que lo demuestran en grado superlativo.
“En su informe oral, Bachelet admitió que los ataques por parte de actores estatales contra las voces disidentes continúan”. Si “continúan”, por lógica elemental, existían desde antes, evidentes en el caso de una pareja de jóvenes estudiantes universitarios, ataques que los obligaron a abandonar su proyecto de vida en Venezuela y exiliarse ante el riesgo que corrían sus vidas.
Él, estudiante de Ingeniería Civil, y ella, cursante de la carrera de Medicina, ambos en la Universidad de Oriente (UDO), primero se vieron fuera de la universidad, a causa de los ataques referidos por la señora Bachelet; luego, tuvieron que dar por terminada la venta de comida con la que se ganaban el sustento diario y, por último, les tocó irse fuera de Venezuela, por ser él, Jorge Miguel Mukel Gracia, una de “las voces disidentes”:
“Soy opositor al régimen y mi convicción democrática y de libertad me llevó a realizar actividades políticas tanto en la calle marchando y protestando como por redes sociales mediante la página política BOLUDO, expresar mis ideales políticos por este medio y criticar al régimen me trajo consecuencias y conflictos con el colectivo estudiantil chavista, conocidos como “ñángaras” quienes arremetían en mi contra con insultos y físicamente”.
En la perspectiva de los hechos expuestos por Mukel Gracia, salta a la vista el proceder violatorio de derechos humanos aludido en la nueva actualización:
“Durante varios años fui objeto de persecución de este grupo dentro y fuera de la universidad en el estado Anzoátegui, quienes constantemente me amenazaban, me seguían, me insultaban, llegaban a lugares donde sabían que me encontraba reunido y atacaban las casas con piedras y otros objetos, era una situación compleja, pero no me alejaba de seguir en mi lucha política y social por la libertad de Venezuela.”
En línea con lo antes citado, “las voces disidentes” se ven envueltas en situaciones complejas que van escalando desde la agresión verbal hasta acciones que representan riesgo inminente para la vida o la integridad personal, como lo han determinado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en las últimas dos décadas.
Ante los ataques por parte de “actores estatales”, una de las salidas en resguardo de la vida ha sido expatriarse, exiliarse, como viene sucediendo desde antes que Mukel Gracia eligiera esa opción junto a su esposa, caso contrario, no sería alarmista o exagerado decir que él pudo haber corrido la misma suerte del concejal Fernando Albán o del sargento Rafael Neazoa, uno de los Policías Metropolitanos acusados por los sucesos del 11A.
La persecución, que implica hostigamiento, malos tratos, es una de las formas más comunes de ataque a “las voces disidentes”, en el presente caso recayó, con toda su carga de contrariedad, sobre Jorge Mukel y su esposa, Reimarys José Rojas Montserrat, además de la afectación emocional y sus secuelas físicas, “actores estatales” les ocasionaron daños patrimoniales. En principio los atropellaron los llamados colectivos, luego organismos de seguridad del Estado, que arremetieron en una ocasión contra Jorge dejándolo tendido en la calle después de golpearlo, por el simple hecho de asistir a una marcha de la oposición.
“Este atentado contra mi vida -habla Jorge-, me dejo secuelas físicas, causándome una lesión permanente en mi hombro. Después de esto deje de asistir a la universidad, primero porque mi recuperación me llevo varias semanas y luego porque me sentía inseguro, me daba miedo lo que pudiera pasarme si me encontraban en una situación vulnerable”. (Consultar: “https://www.elnacional.com/venezuela/protestas/estudiantes-marchan-anzoategui-contra-fraudeconstituyente_186307/)
Jorge y Reimarys dejaron el Estado Anzoátegui, impedidos de culminar sus estudios, como resultado del acoso agobiante ejercido por “actores estatales”. En el estado Monagas, la patria chica de estos dos jóvenes, las huestes del régimen fueron tras ellos:
“En el mes de mayo del 2021 nos mudamos a Maturín, esperaba con eso protegernos, comencé un negocio de comida, por un momento breve me sentí seguro, esa seguridad terminó cuando fui visitado en mi negocio por miembros de los colectivos que fueron a amenazarme, a decirme que ellos ya sabían que yo era una rata escuálida, que me tenían ubicado”, acotó Jorge.
Hubo un hecho de mayor gravedad:
“El 7 de octubre del 2021, fueron a mi casa un par de hombres que se identificaron como colectivos armados, siendo atendidos por Guillermo Enrique Valera López, quien era mi trabajador, a quien violentaron con la intención de que les dijera donde podían encontrarme. Tras esta incursión de los colectivos en mi hogar, decidí resguardarme por un tiempo junto con mi esposa en casa de unos amigos. Teniendo conocimiento que me andaban buscando, porque fueron personas desconocidas a preguntar por mí en lugares que frecuentaba, agilice todo para salir de Venezuela.”
Jorge Mukel, que abandonó sus estudios de Ingeniería Civil cuando cursaba el séptimo semestre de esa carrera, es “activista de derechos humanos” y era “miembro del equipo logístico” del partido político Voluntad Popular en el estado Monagas, información que nos proporcionó Luis Zamora Rojas, diputado regional, en su opinión:
– Jorge, por destacarse en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, concretamente en el 2015, y en otros eventos de carácter político, ha sido víctima de persecuciones por parte de entes de seguridad del Estado, en forma consecutiva y reiterada, viéndose en riesgo físico su seguridad y su vida.
El carácter homologante conferido a la nueva actualización del informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, arrasa con la poca credibilidad del régimen en materia de derechos humanos y agota lo escaso que tiene de fértil su narrativa ante organismos internacionales y el concierto de las naciones.