El expresidente aún deberá responder a la justicia por diez casos pendientes. Además, se reveló que le debe millonarias sumas al Estado peruano.
Por infobae.com
La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que no libere al expresidente Alberto Fujimori, y el Gobierno acatará dicha solicitud. Sin embargo, el exmandatario aún deberá rendir cuentas a la justicia por diez casos donde el indulto humanitario y gracia presidencial restituidos por el Tribunal Constitucional (TC) no alcanzaría. Además, también le debe millonarias sumas al Estado en reparaciones civiles.
Alberto Fujimori aún debe responder a la justicia por diez casos en total:
– Caso Paivilca
Uno de los procesos pendientes es el denominado Caso Pativilca. La tesis fiscal sostiene que el expresidente implementó una política contrasubversiva con prácticas paralelas e ilegales a cargo del Grupo Colina. Ello ocasionó el asesinato de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca) el 28 de enero de 1992. Las víctimas fueron Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.
Fujimori es acusado como presunto autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio calificado-asesinato), y autor del delito contra la tranquilidad pública (delitos contra la paz pública-asociación ilícita) en agravio del Estado.
El indulto y la gracia presidencial otorgada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo alcanzan este proceso. En enero de 2018, Fujimori solicitó que se declare la extinción de la acción penal, pero el 9 de febrero del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso.
“Resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además, una medida que como hemos analizado, colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”, se indica en la resolución.
Además, detalla que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el derecho internacional imponen a los estados una clara obligación de investigar de manera independiente e imparcial las violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
– Caso Chavimochic
El expresidente Alberto Fujimori también está siendo acusado por el Caso Chavimochic, el cual aun está pendiente de iniciar. Se le acusa de haber entregado $800 mil dólares de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para que este compre terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, en La Libertad. Según la tesis fiscal, la compra de los terrenos “fueron producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último”.
– Otros siete casos pendientes
Fujimori también tiene pendiente responder por otros siete casos, cuyas solicitudes de ampliación de extradición ya fueron aprobadas por el gobierno de Pedro Castillo, en 2021.
Estos casos corresponden a, en primer lugar, la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este caso es acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).
En octubre del 2021, a través de seis resoluciones, se aprobó los pedidos de ampliación de extradición por los seis casos: Castro Castro, Chavín de Huántar, Consejo de Defensa, Familia Ventocilla, Panamericana TV y Opositores (por secuestro agravado). En todos esos procesos, Alberto Fujimori es acusado de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado.
– Esterilizaciones Forzadas
El 11 de diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional Especial abrió proceso penal contra Alberto Fujimori y otros por el Caso de las Esterilizaciones Forzadas.
Fujimori Fujimori es procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras, bajo el contexto de grave violación de derechos humanos. Según la acusación fiscal, Fujimori, sus exministros y otros establecieron una política de salud pública que en realidad era un programa de “esterilizaciones” practicadas sin consentimiento de las víctimas. Los imputados habrían actuado bajo la teoría de “dominio en aparato organizado de poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, donde el entonces jefe de Estado habría sido “el hombre de atrás”.
El proceso penal únicamente para el expresidente fue suspendido desde esa fecha, ya que se está a la espera de que el Gobierno de Chile emita pronunciamiento sobre el pedido para ampliar la extradición del expresidente por este caso.
REPARACIÓN CIVIL PENDIENTE
El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, reveló la cifra que el expresidente Alberto Fujimori le debe al Estado peruano: S/ 51 millones de soles de reparación civil por tres casos en los que fue sentenciado.
Los casos son el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
El exmandatario no ha pagado ninguna de estas y el 17 de marzo el Tribunal Constitucional le restituyó el indulto humanitario y derecho de gracia.
“Fujimori ha sido sentenciado y tiene como agraviado al Estado por tres hechos: el tema del allanamiento irregular, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Por esos tres hechos Fujimori adeuda al Estado 51 millones de soles aproximadamente”, expresó en RPP Televisión.
Además, el mandatario no cuenta con vienes o propiedades a su nombre, de modo que no se puede efectuar el embargo. Incluso nunca llegó a tramitar la adquisición de su pensión vitalicia como exjefe de Estado, de modo que este dinero tampoco puede ser tomado por el Estado en forma de pago.