Los datos de las últimas dos décadas ponen en tela de juicio el éxito real de las capturas masivas y los operativos dentro de los penales.
Por rt.com
Algo se quebró en El Salvador. No se sabe si fue la presunta ‘tregua’ del Gobierno con las pandillas o la pausa a una política que ya se intuía desde la llegada de Nayib Bukele al poder: la mano dura contra las bandas delincuenciales que asolan el país centroamericano.
La imagen de megaoperativos policiales, el decreto de un estado de excepción y la detención de miles de jóvenes acusados de pertenecer a las maras no son un paisaje novedoso para los salvadoreños que, en los albores de los años 2000, vieron este mismo despliegue con la promesa de desarticular grupos como la MS-13 y las dos facciones de la pandilla 18.
“2.163 pandilleros capturados en 4 días. Y menos de 72 horas con régimen de excepción. Ninguno saldrá libre. Seguimos”, escribió Bukele durante la madrugada del miércoles.
Sus palabras no son un simple acto de espontaneidad: en ellas destaca el dato de las detenciones, la defensa de una medida extraordinaria cuestionada por los organismos de derechos humanos y, sobre todo, la necesidad de negar lo que ya fue una realidad con la ejecución de otros planes similares en el pasado: la libertad de miles de jóvenes contra los que no hubo cargos suficientes para mantenerlos tras las rejas.
¿Un plan efectivo?
El pasado fin de semana se perpetraron 87 homicidios que mancharon el récord de Bukele, quien presumía uno de sus innegables logros: bajar la tasa de asesinatos en un país que llegó a reportar 6.656 homicidios en 2015 (o lo que es lo mismo, 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes). El quiebre fue evidente.
El dato no es nada desdeñable, aunque el Sistema de Naciones Unidas considera que un país o una sociedad sufre una “epidemia de violencia” cuando la tasa de homicidios supera los 10 por cada 100.000 habitantes. El año pasado, El Salvador cerró con una tasa de 18, un número altísimo, pero que parecía imposible de lograr en las últimas dos décadas.
Medios locales consideran que detrás de esa histórica reducción se escondía un pacto secreto con las pandillas, una cuestión que el Gobierno de Bukele ha negado de forma reiterada. Otros sectores han apuntado a que la efectividad de la política de seguridad se debía a los rostros que manejan órganos como la Policía Nacional Civil (PNC) e implementaron el Plan Control Territorial.