Wilfrido Mora escarba entre los recuerdos de su niñez y su adolescencia para llegar a la imagen de un río Táchira que hoy se le hace lejano. “Nosotros amamos ese río porque de niños íbamos ahí a divertirnos. Donde habían los famosos pozos. A dónde íbamos a hacer melcocha y sancochos. Pero eso es historia”, cuenta el comerciante de 67 años, nacido en el pueblo fronterizo de San Antonio del Táchira, en Venezuela.
Por La Opinión
Sabe que ya casi nadie ve al río como ese espacio de esparcimiento que fue para él décadas atrás. Los miembros de grupos guerrilleros y bandas criminales que se disputan su control se han encargado de alejar de sus aguas, que marcan los límites entre Colombia y Venezuela, a los habitantes de la frontera.
Los migrantes, que pasan a pie por las trochas, también han llenado al río de otros significados asociados al escape de una emergencia humanitaria que llena titulares desde hace más de un lustro.
Pero hay otra razón que ha ahuyentado a los tachirenses del río que da nombre a su estado. “Ayer pasé por el puente y miré el río porque bajaba con fuerza. Llovió quizás para la cabecera y era caudalosa la cosa. Estaba fuerte”, dice Mora. El motivo de esa corriente copiosa, señalan los expertos entrevistados para este reportaje, es la destrucción de la capa vegetal, desde aguas arriba, como consecuencia de las actividades humanas.
El bosque que circunda al río Táchira se ha reducido porque las tierras se utilizan para cultivos lícitos e ilícitos, sus aguas reciben los desechos de los fertilizantes de la agricultura, su curso se desvía para el riego de productos agrícolas, su arena se remueve para fabricar ladrillos y, en los tramos más poblados, se convierte en un depósito de aguas servidas y basura.
“El río tiene problemas desde la cuenca alta hasta el final porque es un río fronterizo. La frontera es muy dinámica y hay mucho paso de gente, mercancía, contrabando, alimentos, ganado. Hay agricultura, poblaciones y hasta extracción de mineral no metálico. La única parte donde pudiera considerarse que está libre de alguna actividad es dentro del parque nacional [El Tamá], que es donde está la naciente”, afirma Eymar García Medina, ingeniero agrónomo, doctor en Ecología Tropical y profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), quien lleva más de 10 años trabajando en esa zona.
El río Táchira ha sido testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Los enormes problemas de este sector de la frontera colombo-venezolana han invisibilizado su crítica situación ambiental. Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río mientras que se enfrenta a otros fenómenos que agravan el problema como la minería de material de arrastre, la deforestación en su ribera y el acaparamiento ilegal de agua.
Este es el primero de dos reportajes que dan una mirada al problema ambiental desde ambos lados de la frontera y en el que han participado Runrunes de Venezuela y el diario La Opinión de Cúcuta.
Tres décadas de contaminación
Los antecedentes de esta contaminación están documentados desde hace al menos tres décadas atrás. Un estudio del Ministerio de la Defensa venezolano publicado en 1994 y referido por otro documento de 2009, detalla qué actividades humanas deterioraban el río entonces y estos problemas solo han empeorado con el paso de los años.
“El río Táchira en primer lugar y los ríos Grita y Lobaterita atraviesan actualmente por un proceso de contaminación generado por actividades humanas que vienen deteriorando los recursos naturales, produciendo contaminación de las aguas por disposición de aguas servidas de origen doméstico e industrial, utilización de productos químicos (biocidas y fertilizantes), desechos sólidos, contaminación atmosférica, deterioro del suelo en las cuencas Altas, Medias y Bajas, y destrucción de vegetación (Mindefensa, 1994)”, dice el informe ‘Nitrógeno y fósforo totales de los ríos tributarios al sistema lago de Maracaibo, Venezuela’, de la División de Calidad de Agua del Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), publicado en 2009.
Esa misma investigación indica que el río Táchira —justo en el tramo previo a la descarga de sus aguas al río Pamplonita, en Colombia— presentaba en la década pasada altas concentraciones de nitrógeno y fósforo total como consecuencia, principalmente, del uso inadecuado de la tierra y del recurso hídrico, “que conlleva a la degradación de los suelos y la ocurrencia de una alta disminución del caudal en la época seca y desbordamiento en la época de lluvia. La actividad agrícola es uno de los factores que incide en la erosión de los suelos”.
En Venezuela hay leyes y normativas que buscan la protección ambiental. El artículo 127 de la Constitución establece que es obligación del Estado garantizar un medio ambiente sano, mientras que en el artículo 15 se dice que el Estado también es responsable de establecer “una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente”. Además, la Ley de Aguas tiene un apartado para “la protección, uso y recuperación” de este recurso.
No obstante, el caso del río Táchira es una muestra de la dificultad para hacer cumplir las leyes y garantizar la real protección de las fuentes de agua y parece haber quedado marginado de cualquier documento legal que le permita estar protegido en Venezuela.
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