Según despachos de agencias internacionales divulgados a partir del 30 de marzo, hay por lo menos tres corporaciones interesadas en operar este complejo refinador, ubicado en el sector Bullenbaai. Dos de estas compañías cuentan con la participación de venezolanos ligados a la industria petrolera.
La página Curacao Chronicle informó que las ofertas son evaluadas por un comité supervisor, que deberá entregar su dictamen al gobierno del primer ministro Gilmar Pisas. Las operaciones deberían reiniciarse “a más tardar a mediados de año”.
La refinería tiene una capacidad máxima de procesamiento de 335.000 barriles diarios, de acuerdo con auditorías hechas a la instalación. Igualmente, posee tanques para almacenar unos 17 millones de barriles, así como un muelle de aguas profundas.
La instalación era manejada desde 1985 por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con base en un contrato de arrendamiento. En 2018 dejó de funcionar, y al año siguiente el gobierno curazoleño dio por terminada la relación con la estatal venezolana.
Contaminación
Los últimos tres años de funcionamiento de la refinería estuvieron marcados por constantes quejas de las comunidades circundantes y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección ambiental.
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