De acuerdo al exministro de Economía de Perú, Luis Miguel Catilla, el Ejecutivo pudo haber otorgado ayudas focalizadas en lugar de bonos universales ciegos para aliviar la crisis económica.
Por infobae.com
El alza de los precios del combustible, de varios productos de la canasta básica familiar así como las decisiones del Gobierno de implantar un sorpresivo toque de queda generaron una gran malestar en la población e incrementaron las protestas en varias partes del país, principalmente, contra la gestión de Pedro Castillo. ¿Pero qué tanta ha afectado las decisiones del Ejecutivo en el presente económico del Perú?
En cuanto a los índices económicos, Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico, asegura que el crecimiento del país para este 2022 debería ser mayor al proyectado, de no ser por el ruido político que generan tanto el Gobierno como el Congreso.
“En 2022 el Perú debería crecer 5% a 6% en piloto automático, sin casi hacer nada, pero todas las proyecciones estiman que vamos a estar alrededor del 3%. Esa diferencia es el ruido político”, indicó en una entrevista dada el 23 de marzo a RPP.
CULPA DE LA GUERRA O CULPA DEL GOBIERNO
Por otro lado, con relación al alza de combustibles, de acuerdo al ex ministro de Economía Luis Miguel Castilla Rubio, esta está generada principalmente por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y el Gobierno poco puede hacer para disminuir los precios.
“La fuente del incremento de precios es principalmente externa. Si es que hay algo que sea imputable a la acción del Gobierno, sería no haber gestionado de manera adecuada la conflictividad social y no haber hecho prevalecer la autoridad para evitar los bloqueos en las carreteras, lo que ha conducido a problemas de desabastecimiento y al incremento de los precios. Pero la causa principal del incremento es de fuente externa”, manifestó en entrevista con Infobae.
Castilla Rubio señala que, desde el Gobierno, se ha manejado una retórica confrontacional de lucha de clases que ha azuzado a la población. Esto ha generado que el shock externo se convierta en el gatillo que hizo explotar las protestas en el interior del país.
“Si bien no es responsable directo del alza de precios, porque es un fenómeno global, la forma en cómo el Gobierno ha venido manejándose políticamente ha azuzado a la población”, indicó.
EXONERACIÓN DEL IGV O BONOS FOCALIZADOS
Castilla señala que, ante el incremento de los precios que se ha venido dando desde la pandemia y el de los últimos meses, generado por la guerra, lo ideal hubiese sido que el Gobierno primero dote de transferencias focalizadas y, como segunda opción, momento, modifique el marco tributario.
Sin embargo, recordó que los bonos universales (no focalizados) que dio el Ejecutivo en los primeros seis meses de gestión, como el bono Yanapay, demoraron en ser entregados y perdieron su naturaleza de aliviar económicamente a la población en un momento de crisis acentuada.
“Un bono que se pagó con un desfase tan grande ya no justificaba otorgarse. Se gastó los recursos en un bono ciego. Más bien ahora sería el momento que la población más afectada reciba un apoyo debido a la situación. Una vez agotada esa instancia se puede pensar en alivios tributarios temporales”, refirió.
Dijo también que la opción de la exoneración del IGV se ha dado como último recurso y que es algo que han hecho otros países.
“El problema es que las medidas no son focalizadas, son ciegas. Exonerar el IGV a los alimentos favorece tanto a las familias de bajos niveles socioeconómicos como a los niveles altos”, acotó.
Finalmente, alertó que el mayor riesgo, en un momento de crisis como este, es que tonto el Ejecutivo como el Legislativo empujen agendas disruptivas o leyes absurdas como prohibir los monopolios (cuando es algo que ya está regulado en la Constitución), renegociar los contratos de concesiones de carreteras u otras normas similares que perjudiquen los negocios, las expectativas financieras y a los propios cimientos de la economía, lo cual prolongaría la inflación y reduciría el crecimiento económico.