En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) parecen estar al tanto de expresiones venezolanas como la que dice que «las promesas se las lleva el viento» y que «el papel lo aguanta todo». Por ello, consideran poner a prueba la voluntad real de las autoridades nacionales de castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país al menos desde 2014, al ofrecerles su ayuda para llevar adelante la peliaguda tarea. Al menos ese es el sabor de boca que deja la decisión de abrir una oficina en Caracas por parte de esa instancia internacional.
El anuncio lo hizo el propio fiscal del tribunal con sede en La Haya (Países Bajos), Karim Khan, el pasado viernes 1 de abril, durante una comparecencia en el Palacio de Miraflores en la que estuvo acompañado por Nicolás Maduro. Las declaraciones del jurista británico se produjeron al concluir una visita de trabajo de tres días al país, la segunda de este tipo en menos de cuatro meses.
Tras calificar como un «paso muy importante y significativo» la apertura de la dependencia, Khan afirmó que la misma se encargará de
«la provisión de asistencia técnica y transferencia de conocimientos a las autoridades nacionales en Venezuela, para apoyar la investigación y el enjuiciamiento efectivo a nivel nacional de los presuntos delitos, y la provisión de capacitación y asesoramiento de expertos para fortalecer la implementación de la legislación nacional pertinente».
Sin embargo, la oficina no solo ofrecerá a policías, fiscales y jueces las herramientas para que hagan de forma adecuada su labor de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, verificados por la Fiscalía de la CPI, así como por otras instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que irá más allá.
Al respecto, el fiscal Khan explicó:
«También se brindará asistencia a las autoridades venezolanas para identificar áreas adicionales en las que se pueden mejorar los marcos institucionales o legislativos a fin de fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales competentes para garantizar la administración de justicia efectiva».
En entrevista del 8 de abril otorgada para el diario El País de España, reproducida en parte por el medio digital AlbertoNews, el fiscal del organismo internacional aclaró lo siguiente:
«Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura [judicial]. Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido».
«La complementariedad es el corazón palpitante del Estatuto de Roma», advirtió el fiscal de la CPI el 1 de abril cuando se dirigió al país desde Miraflores, y agregó que «los procedimientos nacionales necesitan apoyo y deferencia, siempre que sean eficaces, genuinos y comprometidos». En pocas palabras, Khan busca contribuir a que la justicia interna haga su trabajo, sin embargo, al referirse a que «no es un camino de dirección única», queda claro también que en La Haya continuarán las investigaciones pertinentes sobre el caso venezolano. En este sentido, en la entrevista a El País del 8 de abril, el jurista británico señaló: «vamos adelante con la investigación y cumpliremos nuestro mandato de forma independiente e imparcial».
El Gobierno venezolano, por su parte, parece querer aprovechar esta oportunidad para evitar un proceso en La Haya. «Somos los primeros interesados en la prevalencia de los derechos humanos, de los derechos sociales y en que se haga justicia», dijo Maduro, quien agregó:
«Venezuela es un país que tiene un Estado de derecho, un Estado de justicia en proceso de cambio, en proceso de perfección. Ahorita estamos en un proceso de reforma profunda, yo la he llamado la revolución de la justicia. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en leyes, en métodos de trabajo e instituciones. Este proceso se ha dado a partir de un gran diálogo social, institucional y político y comienza a arrojar resultados».
La oficina de la Fiscalía de la CPI podría ser una oportunidad para corregir algunas de las fallas en las que, según Acceso a la Justicia, han incurrido las autoridades venezolanas con iniciativas como el «paquetazo penal» o la remodelación del TSJ. Así, podrían comenzar a abordarse seriamente las verdaderas causas tanto de las violaciones a los derechos humanos como de la impunidad reinante.
Aunque el anuncio del establecimiento de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas es positivo, porque obligaría a las autoridades venezolanas a tomar medidas genuinas para mejorar la situación de los derechos humanos pues tendrán más ojos sobre el terreno observando su actuación, han surgido numerosas interrogantes al respecto.
De la intervención de Karim Khan no quedó claro si el equipo que enviará a Caracas también recopilará información que permita a su despacho establecer las eventuales responsabilidades por las detenciones arbitrarias y masivas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas contra los detenidos por protestar contra el Gobierno ocurridas en el país al menos desde el 12 de febrero de 2014.
Así, se ignora si las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familiares o las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan eventualmente podrán presentarle información a la instancia en su oficina en Caracas, si la misma lo solicitara, en cuyo caso, también se plantea la preocupación sobre su seguridad en el país.
Aunque pareciera que la oficina en Caracas no estará abierta al público y está claro, además, que la investigación se hará desde La Haya, el fiscal Khan afirmó además que con la oficina en Caracas se espera «entender la cultura, el contexto, las historias» y poder «separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción».
El fiscal tampoco aclaró si esta dependencia supervisará la actuación de los fiscales y jueces para verificar si estos han realizado investigaciones exhaustivas e imparciales y han dado con todos los responsables de los crímenes ocurridos en el país, algo que hasta ahora no ha ocurrido; prueba de ello son los casos del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en los que solamente fueron condenados los funcionarios que les dieron muerte, pero no se investigó a sus superiores jerárquicos para determinar si tenían conocimiento de dichos hechos o incluso si los ordenaron, tal y como lo ordena el artículo 28 del Estatuto de Roma.
En su reciente actualización oral, la MDH consideró insuficientes las acciones emprendidas por las autoridades judiciales para sancionar las violaciones a los derechos humanos. «Las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos de Albán y de Acosta Arévalo son ejemplos de ello», denunció.
Otra duda que quedó en el ambiente es cuándo comenzará a funcionar esta oficina. ¿Será en cuestión de semanas o meses? ¿Cuántas personas trabajarán en ella? No se puede olvidar que la Fiscalía de la CPI decidió recientemente abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra que Rusia ha cometido en Ucrania durante la invasión a este país el pasado 24 de febrero, lo que implicará destinar parte de los pocos recursos con los que cuenta la instancia a un asunto que mantiene en vilo a la paz mundial.
Al respecto, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó vía Twitter el pasado jueves 3 de abril en horas de la noche que había sido instalada la oficina de la CPI en Caracas, ubicada de manera provisional en el edificio del TSJ en la esquina de Dos Pilitas, al final de la avenida Baralt. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada o desmentida por el fiscal de la CPI.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El acuerdo entre la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro para abrir una oficina de esa primera instancia en el país, en primer lugar, puede ser algo positivo para los venezolanos, porque aumenta la presión sobre las autoridades para que tomen medidas para castigar las violaciones a los derechos humanos y evitar que se repitan.
Sin embargo, esperamos que las próximas visitas del fiscal Khan y de su equipo al país no se celebren con el secretismo que han rodeado estas dos primeras, sobre las cuales la ciudadanía tuvo conocimiento solamente al final. Consideramos necesario que la Fiscalía de la CPI establezca un diálogo franco y constructivo no solamente con las autoridades, sino también con las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad venezolana en general.