Habla la calle: “Cédula Digital”… ¿avance tecnológico o nuevo instrumento de control social?

Habla la calle: “Cédula Digital”… ¿avance tecnológico o nuevo instrumento de control social?

(Foto AVN)

 

 

 

Tras una promesa de seis largos años, en 2022 vuelve a la palestra pública la “Cédula digital” ofrecida por el régimen de Nicolás Maduro. Un proyecto que “asegura funcionalidades de primera”, según el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno.

Por Ana Guaita Barreto y Daniel Mendez Chacón | lapatilla.com

Esta nueva identificación, según dijo el chavismo, tendrá un chip o un código QR, que “dará todas las características de seguridad”, sin embargo, la “innovadora idea” tiene a los venezolanos en una especie de limbo informativo, pues los ciudadanos desconocen cómo será el proceso para obtener este documento y si realmente esta acción significará una mejoría en los sistemas del país arropados por la peor crisis de su historia contemporánea.

Ante esta situación, el equipo de lapatilla.com salió a las calles para conocer de primera mano la opinión de los ciudadanos sobre este nuevo invento que, sin duda alguna, consumirá parte de la economía venezolana, sin garantizar un verdadero cambio en torno a la realidad del sistema de identificación de los venezolanos.

Los entrevistados, en algunos casos demostraron su rotundo rechazo, pues manifiestan que detrás de esta decisión se podría esconder algún trasfondo que ponga en riesgo la libertad y los datos de los usuarios.

Por otra parte, también presumen que esto podría encarecer y dificultar el propio proceso para aquellos que no estén avanzando a la misma rapidez que la tecnología mundial.

Esto no es ningún control social, esto es un negocio para que unos enchufados se metan en el bolsillo unos cuantos montones de dólares“, dijo uno de nuestros entrevistados.

Y es que aunque el régimen de Maduro pretende dar pasos tecnológicos con estos avances en distintas áreas, la realidad de Venezuela demuestra un atraso de al menos 80 años en la calidad de vida dentro de un país en el que escasea el agua potable, la energía eléctrica, el gas doméstico, los sistemas de salud pública, educación y justicia.

 

 

 

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