Ciudadanos de San Cristóbal rechazaron las acciones emprendidas este viernes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que estarían enmarcadas en un operativo contra los infractores de la Ley de Tránsito de Terrestre.
Anggy Polanco // Corresponsalía LaPatilla
Pues desde temprano los uniformados detuvieron los vehículos de decenas de personas que les faltaba cualquier documento como certificado medicado, título de propiedad, seguro, entre otros, sin embargo, estos motivos no son causales para generar la retención de motos ni autos.
“Son violaciones a nuestro derecho al libre tránsito, retención ilegal de vehículos por causas no previstas en la ley, trato discriminatorio abuso de autoridad y corrupción“.
Así lo denunció la abogada de Foro Penal, Raquel Sánchez, quien en sus redes sociales narró que cuando transitaba en la moto con su esposo por Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, fueron detenidos por una comisión de la PNB que les pidió todos los documentos de la moto.
Al no tener el título de propiedad, sino el certificado de origen, se los llevaron a la sede policial de la Marginal del Torbes, cuando en todo caso deberían aplicarle una sanción administrativa.
En efecto, en el lugar se presentó el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, quien se limitó a explicar los motivos del operativo pero no permitió derechos derechos a palabra.
“Con esta retención, perdí toda la mañana pese a que tenía que estar en Circuito Penal y así le está pasando a todos los motorizados, al parecer la orden llevar todos los motorizados posibles al show”, argumentó Sánchez, quien posteriormente interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de San Cristóbal.
“El gobierno no garantiza gasolina y buenas vías, pero sí exige el cumplimiento de Decretos, pasando por encima de la Ley“, dijo la abogada.
Tal acto del gobernador se da un día después de que aparece en un video en las redes sociales regañando al conductor de una gandola, y que al parecer, le permitió volver a llamar la atención en la región.
La jurista señaló que no se opone a que la ley se cumpla y que se apliquen las sanciones necesarias, pero de manera proporcional al tipo de falta en que se incurre, sin violar los derechos de las personas y sin abusos.