Provea presentó este 11 de mayo, la 33ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2021. En este informe se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.

Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2) el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.

Persisten los retrocesos en derechos sociales

En 2021, 94,5% de las personas consultadas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) estaba en situación de pobreza y, de estas, 76,6% en pobreza extrema. De hecho, los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad.

 

 

Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a 10 bolívares digitales en razón de la nueva expresión monetaria, es decir, $2,18 de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.

La pensión de los adultos mayores pasó en mayo de Bs. 1,8 a Bs. 7 bolívares digitales. Como contrapartida, las remesas familiares se han transformado en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representan al menos el 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo.

Las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.

En el sector privado, solo 10% no es pobre, y en el sector público, solo el 4%. La crisis de movilidad afectó aún más las ocupaciones y oportunidades laborales de los pobres.

El hambre en Venezuela continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable. La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021, 38,4% en 2021-2023 y 61,7% en 2028-2030.

Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.

Esto fue más acentuado en los hogares en pobreza extrema, que redujeron el gasto en alimentos en 13,3% en este mismo periodo.

El acceso económico a los alimentos continúa siendo precario debido al incremento constante de precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares.

La Sociedad Venezolana de Pediatría reveló que el 20% de los niños menores de 6 seis meses sufren de desnutrición.

La reducción de las capacidades del sistema sanitario público continuó intensificándose en 2021. Tras 22 meses de pandemia generada por el Covid-19 –y el estado de colapso estructural en el que se encuentra hace más de seis años–, el sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.

Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior.

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