Un grupo de dirigentes políticos democráticos rechazó categóricamente la demanda por difamación del gobernador chavista de Carabobo, Rafael Lacava, contra Marino Alvarado y al padre Alfredo Infante tras denunciar ejecuciones extrajudiciales bajo su mandato.
A continuación, el comunicado:
Rechazamos demanda de Lacava contra el padre Alfredo Infante (sj. Centro Gumilla) y Marino Alvarado (PROVEA)
La demanda por “difamación” que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, interpuso contra el padre Alfredo Infante (sacerdote jesuita Director de Derechos Humanos del Centro Gumilla) y Marino Alvarado (Coordinador Legal de PROVEA) representa un nuevo agravio contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
De acuerdo con la información difundida por PROVEA en las redes sociales, la demanda del gobernante se produce en respuesta a la exigencia de “investigación contra Lacava por presunta responsabilidad en denuncias por ejecuciones extrajudiciales”, por parte de los entes defensores de los derechos humanos.
Denunció Alvarado que “la policía (…) del estado Carabobo es la policía más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por “Lupa por la Vida”, lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos y debe investigarse a los autores materiales y las cadenas de mando (…) No estamos diciendo el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad. Ese es el papel del Ministerio Público y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore para que se investigue (…) las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas no solo en el estado Carabobo sino en todo el país. 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el 2021, 3.034 en el 2020”.
La acción intimidatoria de Lacava tiene la pretensión inequívoca de evitar la investigación de sus presuntas responsabilidades y acciones directas, rodeándose de impunidad frente a vulneraciones de los derechos humanos.
En ella se desnuda, por enésima vez, el terrorismo judicial que junto al terrorismo policial tienen por objeto acallar las voces de la denuncia y la protesta contra los desmanes del poder.
Quienes suscribimos, rechazamos con absoluta firmeza estas prácticas de amedrentamiento y abuso de poder de Lacava contra Infante y Alvarado, meritorios defensores de las derechos humanos.
Y exigimos que se detenga esta vulneración del Gobernador de Carabobo a la Constitución Nacional.
En las sociedades donde se disminuye la democracia y el Estado de derecho y de justicia nacen los autoritarismos y los abusos.
Firmantes:
José Guerra, Vladimiro Mujica, Simón García, María Carolina Uzcátegui, Carlos Tablante, Tomás Páez, José Luis Farías, Rafael Simón Jiménez, Humberto García Larralde, Alfredo Padilla, Juan Luis Sosa, Alonso Domínguez, Juan Carlos Caldera, José Manuel Muñoz, Ray Ángulo, Xabier Coscojuela, Leonardo Vivas, Manuel Narvaez, Adalberto Pérez, Carlos Torrealba, Carlos Julio Rojas, Frank Payares, Pedro Benítez, Ysrrael Camero, León Arismendi, Tulio Ramírez, Juan Carlos Fernández, Hiram Gaviria, Alfredo Álvarez, Eduardo Valero Castro, Juan Carlos Reyes, Fredy Rincón, Colette Capriles, Gregorio Salazar, Gregorio Caribas, Ciro García, Edgar Blanco, Damian Prat Carin, Armando Amengual, Rafael Chipilo Pulido, Roberto Marrero, Eloy Torres.