El silencio ante las bajas de Jesús Santrich, El Paisa y Romaña ha sido la práctica escogida por el régimen venezolano. Ahora con la muerte de Gentil Duarte aplica el mismo recurso. ¿Y por qué debería pronunciarse la administración de Nicolás Maduro? Porque todas ocurrieron en su territorio.
Por: El Tiempo
Pero, hablar de ello significa una situación comprometedora: reconocer que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (Farc) operan en Venezuela, tal como lo han denunciado ONG, activistas y hasta el Gobierno colombiano.
Al menos así lo creen los analistas y expertos de seguridad que han sido consultados por EL TIEMPO. Por ejemplo, el 19 de mayo de 2021 se conoció la noticia de la muerte de Santrich y pasaron tres meses para que Maduro se refiriera al hecho pero alegando que su país no estaba obligado a emitir comunicación.
El usurpador venezolano, en conferencia de prensa, aseguró que “en Colombia asesinan a líderes sociales; no es mala idea que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un exguerrillero que ha firmado la paz”.
Joseph Humire, experto en seguridad global y director del Center for a Secure Free Society, plantea que “no reaccionar se debe a que necesitan construir una narrativa para acusar a Colombia”, además, el régimen de Venezuela posiblemente debe conversar primero con Iván Márquez, otro líder de la disidencia, para “construir” ese discurso y victimizar al Estado.
La relación del país caribeño con los grupos irregulares colombianos, que según la ong Fundaredes, operan en casi todo el territorio, con especial énfasis en los estados fronterizos, es de vieja data.
Ya se había acusado a Hugo Chávez de darles cabida y dejarlos operar, pero Nicolás Maduro también ha sido señalado y él mismo en 2019 declaró que “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”.
Además de aceptar que las disidencias operan en el país, los cuerpos de seguridad estarían en la obligación de iniciar una investigación bajo el ordenamiento jurídico venezolano involucrando al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), al Ministerio Público, los tribunales, entre otros.