Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de crimen organizado se combinaron en 2021 y mantuvieron bajo fuego a los ciudadanos de varios estados en Venezuela.
Monitor de Víctimas reportó 787 homicidios ocurridos en Caracas, Lara y Táchira. El equipo de investigadores visitó diariamente las morgues de estos estados para contabilizar los casos y registrar características de las muertes. Entrevistó a familiares de víctimas y a testigos de los crímenes, además de verificar con fuentes policiales algunos detalles de los hechos.
La principal consecuencia de esta violencia son los homicidios de civiles, que en muchos casos nada tienen que ver con los grupos armados estatales y no estatales que se enfrentan. Estos eventos también dejan una larga estela de víctimas colaterales, como niñas, niños y adolescentes huérfanos, y familias que pierden el sostén económico del hogar. Además, las secuelas psicológicas y emocionales de vivir expuestos a la violencia armada y a constantes violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, por estas situaciones no se puede decir que Venezuela vive un conflicto armado no internacional, según la definición del Derecho Internacional Humanitario. “Los convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos insurrectos ‘bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas’ para poder considerarse como un conflicto armado no internacional”, dice una publicación de ACNUR.
Lo que ocurre en Venezuela se inserta más en otras manifestaciones de violencia de menor magnitud. “Se puede hablar de conflicto armado de baja intensidad. Pero el mayor conflicto es entre grupos armados estatales y no estatales”, asegura el sociólogo y experto en temas de violencia Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La información recabada por Monitor de Víctimas arrojó algunos hallazgos que justamente coinciden con estas dinámicas de violencia y crimen en los tres estados estudiados para este informe, en los que destaca el impacto de estos enfrentamientos armados. Aunque los datos muestran una reducción general en los homicidios, la letalidad policial aún es excesiva.
Los cuerpos de seguridad del Estado son otra vez los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas, donde se les atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos. Lo que resulta preocupante y escandaloso, pues la mayoría de estos son el resultado de presuntas ejecuciones extrajudiciales.