En la causa del avión venezolano-iraní, la Justicia se encontró con una serie de medidas dispuestas por el Gobierno que flexibilizaron los controles para prevenir un tercer atentado terrorista en Argentina.
Las polémicas decisiones van desde derogar el rol de la AFI para aprobar ciudadanías a extranjeros, no usar en forma eficiente una base de huellas dactilares de terroristas donada por el FBI, no tener traductores del farsí (el idioma iraní), “bajar el perfil” de la base de inteligencia en la Triple Frontera y no actualizar el registro de entidades terroristas internacionales, entre otros.
La más grave fue la decisión de la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño de mediados de 2020 de prohibir al organismo brindar información a la Justicia sobre extranjeros que tramiten solicitudes de ciudadanía. Hasta ese momento era obligación hacerlo desde los atentados a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
De esta forma, un juez puede darle la ciudadanía a un iraní o un libanés basándose solamente en el registro de reincidencia argentino o las bases de Interpol y no las bases de datos de la AFI que son mucho más completas.
Antes de la resolución 887/2020 de Caamaño, la AFI debería darle al juez un perfil del extranjero que pedía la ciudadanía y decir si estaba considerado “verde” (sin riesgos) o “rojo” (peligroso) en temas como narcotráfico o terrorismo internacional.
El diputado de Juntos por el Cambio y ex viceministro de Seguridad Gerardo Milman calificó esa decisión como un “grave error que debilita los controles”. “La inteligencia es prevención que es diferente de la persecución y ésta se da después de que te metieron un bombazo”, graficó.
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