La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) publicó su último informe sobre la desaparición de personas en el contexto de minería en el estado Bolívar.
Por Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com
A través de una nota de prensa, la Organización No Gubernamental (ONG) que funciona al sur del país, exhortó al Estado venezolano a diseñar un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas en contextos violentos, basado en estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
El monitoreo fue realizado durante 8 meses, entre septiembre de 2021 y abril de 2022, registrando durante ese tiempo 37 reportes de personas desaparecidas en siete municipios mineros del estado Bolívar.
La jurisdicción que más registró casos fue Sifontes, con 17 personas desaparecidas, seguido por Sucre y El Callao, ambos con 3 casos, luego Gran Sabana con 2 y Piar con 1. El informe también alerta que se desconoce la ubicación de, al menos, 9 personas del registro.
Del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y solo dos aparecieron sin vida, destacó CODEHCIU. También explicaron que “65% de las personas desaparecidas son hombres entre 20 y 58 años de edad (…), mientras que 35% de las personas desaparecidas son mujeres entre 18 y 55 años”. Se desconoce la edad de otras 15 personas.
Al menos cinco personas fueron reportadas como desaparecidas en lo que va de 2022; otras 12 desaparecieron en 2021 y otra docena en 2020. Por otro lado, 2 personas desaparecieron en 2019 y otra en 2017.
Desapariciones
“Según lo observado por la organización, uno de los patrones identificados fue la carencia de comunicación debido a la falta de acceso a señal telefónica en las zonas mineras. Las personas reportadas como desaparecidas, antes de desaparecer, no podían llamar a sus familiares por un periodo prolongado. En el territorio en el que estaban no tenían acceso a señal telefónica o internet con frecuencia, y se movilizan a otros campamentos mineros o municipios sin notificar a familiares”, destacó la nota de prensa de la ONG.
De igual forma, el informe alerta que al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez, pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro.
“El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.
El informe advierte que los familiares han reportado a CODEHCIU que algunos funcionarios les confesaron extraoficialmente que no tienen suficiente personal, vehículos y demás recursos para la búsqueda en vida de las personas, y para defenderse en territorio violento”.
De la cifra total, la mayoría de las personas desaparecidas son del estado Bolívar, que contabilizó 11.
Otros son provenientes de Anzoátegui y Apure, con dos casos cada estado. Sucre, Yaracuy, Monagas y Maracaibo, con un caso cada uno. La organización desconoce el lugar de procedencia del resto de las personas monitoreadas.
