Defensores de los inmigrantes y políticos latinos aplaudieron este jueves la decisión del Supremo de Estados Unidos de eliminar el polémico programa “Quédate en México” que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el vecino país el trámite, pero urgieron al Gobierno de Joe Biden a arreglar por completo el “derecho total” al asilo.
“La Corte Suprema dejó hoy en claro que la administración Biden tiene derecho a poner fin a una política cruel e inhumana creada por la administración Trump”, señaló Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración.
El Gobierno Biden eliminó en 2021 los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”, establecido por su antecesor Donald Trump en 2019, pero las cortes en respuesta a una demanda encabezada por Texas enredaron su fin.
Reichlin-Melnick dijo que es una buena noticia para la oportunidad de buscar asilo en condiciones de seguridad, pero lamentó que sigue vigente el Título 42, por el cual los solicitantes de asilo siguen siendo rechazados de inmediato en la frontera.
En opinión de Melina Roche, directora de la campaña Welcome With Dignity, que agrupa a decenas de organizaciones, “esta decisión por sí sola no arreglará nuestro sistema de asilo”.
Criticó que todos los días el país tiene “una agenda cada vez más antiinmigrante y antiasilo”.
Por su parte Fernando García, director de La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) urgió al Gobierno el establecimiento de reglas claras de responsabilidad y supervisión para las entidades que patrullan la frontera, y fortalecer los tribunales de inmigración.
Entre tanto, el congresista Jesús “Chuy” García instó a la “reparación” total del asilo al subrayar que el Supremo avala “la autoridad del presidente Biden y su administración para tomar medidas ejecutivas sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y el asilo”.
Para el senador Bob Menéndez, el falló termina con una política “xenófoba” que “solo penaliza y discrimina contra los solicitantes de asilo”.
En contraste, el senador de origen cubano Marco Rubio dijo que la decisión “arroja otra señal a las redes de trata de personas y a los cárteles que la frontera de EE.UU. está abierta”.
Por otro lado, Reichlin-Melnick enfatizó que la mayoría de los jueces “rechazaron la proposición radical de que ninguna administración podría poner fin al programa”.
Sin embargo Camilo Pérez-Bustillo, miembro de Witness at the Border, advirtió que la decisión “es muy estrecha y técnica, y preocupante”.
Al respecto, el experto de la Universidad de California Los Ángeles Ahilan Arulanantham subrayó que “deja abierta la puerta a la reposición del MPP” y que “no es una victoria final”.
El fallo regresa a los tribunales inferiores que tendrán que tomar en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas.
“La lucha general como a la legitimidad del MPP continuará mientras tanto en tribunales inferiores que son muy hostiles a los temas de derechos de los inmigrantes”, insistió Pérez-Bustillo.
Un reporte reciente del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse encontró que más de 5.100 solicitantes de asilo han participado en la segunda etapa de MPP y solo 27 han recibido la protección. EFE