Enrique Rais, un empresario que manejó durante años el negocio de los desechos sólidos en El Salvador, ha sido un hombre poderoso en Centroamérica. Sus contactos políticos le valieron para sentarse a la mesa con presidentes de la región, para meterse en el bolsillo a fiscales de su país e, incluso, para que el aparato diplomático de Nayib Bukele le echara la mano mientras huía de la justicia salvadoreña. Rais también colocó a uno de sus peones en el gabinete de Bukele. Hoy, el nombre del empresario, prófugo de la justicia de su país desde 2017, aparece asociado a un magnate de Kosovo implicado en un escándalo de corrupción.
Por Infobae
El 21 de junio de 2022, el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP en inglés) publicó un largo informe sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un aeropuerto en Albania a una compañía liderada por Behgjet Pacolli, un empresario y político kosovar relacionado al primer ministro de Albania y, según el reporte, con “supuestas conexiones con figuras del crimen organizado”, entre las que OCCRP lista al salvadoreño Enrique Rais.
La telaraña de empresas relacionadas a Pacolli y Rais, desde Europa hasta El Salvador, incluye a compañías que realizaron transacciones investigadas como posible lavado de millones dólares provenientes del petróleo estatal venezolano del que, según una investigación de autoridades estadounidenses y otra de la fiscalía salvadoreña, también se benefició el presidente Nayib Bukele.
En El Salvador, mucho antes del escándalo en torno al aeropuerto albanés, Pacolli y Rais se asociaron para explorar la expansión del negocio del petróleo venezolano en Europa e incluso en África, según correos electrónicos en poder de Infobae.
“Favor tomar especial cuidado a estos correos de la refinería de petróleo en Kosovo… Estoy negociando con ellos producto para Alba Petróleos. Es muy importante. Gracias. Enrique.”, escribió Rais a varios de sus empleados el 15 de julio de 2010. Alba Petróleos es un consorcio salvadoreño creado con dinero de la estatal petrolera venezolana PDVSA durante la presidencia de Hugo Chávez. En 2019, la Fiscalía salvadoreña abrió una investigación a Alba Petróleos por sospechas de que lavó cerca de unos mil millones de dólares a través de negocios como el descrito por Rais y de préstamos de los que se benefició, entre otros, Nayib Bukele cuando empezaba a allanar su camino en la política salvadoreña.
El correo electrónico de julio de 2010 es parte de un intercambio de comunicaciones electrónicas entre varias compañías como el asocio suizo-estadounidense Refinery Association of Texas y Mabetex, una empresa asentada en Albania de la que Pacolli es dueño y que ahora está al centro del escándalo por la construcción del aeropuerto en la costa albana del Mar Adriático.
Mabetex es parte del consorcio de empresas, albanesas y turcas, que ganaron la licitación para construir el aeropuerto Vlora en Albania. De acuerdo con una denuncia interpuesta por el consorcio británico AL-DE, competidor en el concurso, el gobierno de Albania falsificó documentos para favorecer de forma irregular a la empresa de Pacolli.
Según el informe de OCCRP, Pacolli “es conocido por sus supuestos vínculos con figuras del crimen organizado, incluyendo Enrique Rais, un conocido defraudador y traficante de cocaína de El Salvador”.
Documentos citados en el reporte indican que en 2011 Pacolli fue directivo del grupo Rais Group International LLC, afincado en Estados Unidos, del que Enrique Rais era accionista principal. Aquel año, Rais Group ya era investigado por autoridades estadounidenses que sospechaban que el consorcio tenía “vínculos con grupos de crimen organizado, empresas fantasmas, carteles (de la droga) y políticos corruptos”.
Otra empresa salvadoreña que estaba relacionada a Rais Group era Hydroil, una de las compañías a través de las cuales Alba Petróleos más canalizó dinero venezolano. Solo en 2011, Hydroil importó US$21.6 millones en crudo procedente de Venezuela. Cuando fue alcalde de San Salvador, en 2017, Nayib Bukele renovó un contrato de suministro de cupones de combustible con Hydroil por US$270,000. Consultado sobre el trato, Bukele defendió que todo era legal y que no sabía que la empresa era de Rais.
Los tratos entre Rais y Pacolli también involucraron el negocio de los desechos sólidos en El Salvador a principios de la década pasada, el cual el salvadoreño montó en complicidad con José Luis Merino, un funcionario del entonces gobernante partido de izquierda FMLN. Merino, conocido en la política salvadoreña como Comandante Ramiro, también es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y por su posible relación con el tráfico de armas de las Fuerza Revolucionarias de Colombia (FARC). Merino ha sido, también, socio político de Bukele: según dos exdirigentes del FMLN, el Comandante Ramiro canalizó varios millones del dinero venezolano para financiar la campaña del actual presidente.
“Mi amigo y socio Bedjet (sic) Pacolli fue juramentado ayer como presidente de Kosovo. Es lo que he estado esperando y nuestra empresa de relleno sanitario ya la habíamos iniciado en Trípoli y Lybia (sic)”, escribió Rais el 23 de febrero de 2011 a un socio.
Rais es prófugo de la justicia de El Salvador desde enero de 2017, día en que salió de su país para evitar la persecución penal por delitos de cohecho activo, falsedad ideológica y fraude procesal, todos, se supone, cometidos entre 2012 y 2015, cuando el empresario se alió al entonces fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, para protegerse de acusaciones penales de sus exsocios en el negocio de la basura y para abrir procesos criminales y civiles a sus adversarios comerciales.
De El Salvador, Rais huyó en un jet particular con matrícula estadounidense N54HT, cuya propiedad el salvadoreño compartió durante años con Pacolli. Ese jet y otro de matrícula N440KM fueron decomisados en marzo 2016 por un condado de la Florida, en Estados Unidos, cuyas autoridades locales recibieron, de la Agencia de Control Antinarcóticos (DEA en inglés), información de que esas aeronaves servían para el tráfico de cocaína. Un perro antinarcóticos detectó restos del alcaloide en ambos aviones y un helicóptero, pero después de un arreglo económico que sorprendió incluso a los agentes federales asignados al caso Rais recuperó sus naves tras pagar una multa de US$5000, según confirmó a Infobae un agente relacionado con la investigación.
En los aviones de Rais viajaron decenas de políticos y fiscales salvadoreños. Uno de esos viajeros es hoy el fiscal general de El Salvador, al que el presidente Nayib Bukele nombró de forma ilegal el 1 de mayo de 2021 a través de la bancada de diputados oficialistas que, aquel día, tomaron posesión del congreso salvadoreño.
El poder de Rais en la fiscalía general de El Salvador
Todos llegaron al aeropuerto de Ilopango, en la periferia este de San Salvador. Algunos viajaron hasta ahí en el vehículo oficial de Luis Martínez, quien entonces era el fiscal general de la República de El Salvador (FGR). Todos abordarían el jet privado matrícula estadounidense N440KM, propiedad de Enrique Rais. Era al 3 de septiembre de 2013.
En la lista de viajeros estaba, aquel día, Rodolfo Antonio Delgado Montes, quien entonces era asesor del fiscal general Martínez, según consta en un manifiesto de vuelo anexo a un proceso abierto por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en 2016.
Luego, ese informe del TEG fue anexado a un expediente penal que la Fiscalía abrió tras la salida de Martínez, al que se conoce como “Caso corruptela” y en el que hay varias pruebas de las relaciones irregulares entre Rais y varios fiscales del país. A los fiscales que llevaron Corruptela, Delgado Montes les aceptó que había viajado en el N440KM; dijo que lo hizo siguiendo órdenes del entonces fiscal general y negó haber recibido dinero de Rais.
Desde que fue nombrado fiscal general por los diputados de Bukele, en mayo del año pasado, Delgado mandó al trasto de la basura expedientes en los que se mencionan los nombres de Rais y del presidente salvadoreño en relación con Alba Petróleos, investigada por lavado de dinero. Delgado, de hecho, fue empleado de Alba Petróleos en 2021, como ha informado Infobae.
Las influencias de Enrique Rais en la Fiscalía General han sido profundas. Además de tocar al actual jefe fiscal, la influencia del empresario alcanzó su pico durante la gestión de Luis Martínez, quien a la postre terminó en prisión por las mismas acusaciones y por el mismo proceso penal que Rais ha evadido al huir de El Salvador.
Las investigaciones de la relación entre el exfiscal general Martínez y Rais revelaron que el empresario manejaba la FGR como una especie de bufete particular a través del cual extorsionaba y castigaba a sus adversarios.
En el expediente Corrputela hay, además, transcripciones de llamadas telefónicas y mensajes de textos que muestran que Nayib Bukele, entonces alcalde de San Salvador, mantuvo comunicaciones irregulares con el fiscal general Martínez en el marco de una investigación abierta por suplantación de marcas de uno de los periódicos más importantes de El Salvador. Según esa investigación, un grupo de hackers y personas asociados a Bukele, entre ellas la actual secretaria de comunicaciones de la presidencia, actuaron con instrucciones del político para crear una réplica falsa del periódico, que ha tenido posiciones críticas sobre el bukelismo.
Otro de los mencionados en estas investigaciones es un operador político y de propaganda de nombre Porfirio Chica, quien en 2015 trabajó como asesor del exfiscal Martínez y hoy maneja una red propagandística que está al servicio de Bukele.
La influencia de Enrique Rais también alcanzó a la gestión de Raúl Melara, el fiscal general que antecedió a Rodolfo Delgado. A Melara los diputados bukelistas lo destituyeron el primero de mayo de 2021; su relación con Bukele no siempre fue cordial, sobre todo después de que abrió, con la colaboración de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, expedientes a varios funcionarios del gobierno por supuesta corrupción durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, Melara también detuvo las investigaciones relacionadas a Alba Petróleos en las que el presidente aparece mencionado.
Un abogado de nombre Allan Hernández era el fiscal adjunto de Raúl Melara y uno de sus principales operadores en materia penal. Melara lo nombró como su segundo a pesar de que en la fiscalía general había un expediente abierto para investigar las supuestas relaciones irregulares entre Hernández y Enrique Rais.
El 12 de septiembre de 2018, Douglas Meléndez, entonces fiscal general y antecesor de Melara, ordenó que se abriera una investigación contra Allan Hernández por “una supuesta acción ilícita, en relación con que en el año 2014 recibió dinero de parte del sujeto Enrique Rais”. Fue un testigo del Caso Corruptela el que aseguró que Hernández, quien también viajó en los aviones de Rais, recibió dinero en efectivo del empresario en al menos una ocasión.
Melara sustituyó a Meléndez en noviembre de 2018. En febrero de 2019 nombró a Allan Hernández como su segundo. La sombra de Enrique Rais seguía presente en la fiscalía general salvadoreña.
La influencia en el gobierno y entorno de Bukele
Además del contrato entre la alcaldía de San Salvador y una de las empresas de Rais en 2017, y del vínculo compartido con Alba Petróleos de El Salvador, hay dos nombres que unen al actual presidente salvadoreño con el empresario prófugo en Suiza, los de un ministro y un asesor comercial.
Rolando Castro, el ministro de Trabajo de Bukele y antiguo sindicalista, fue empleado de Rais y uno de los principales operadores ante las alcaldías salvadoreñas que mantienen o tuvieron contratos con las empresas del magnate para el manejo de los desechos sólidos. Según varias publicaciones de prensa y fuentes municipales consultadas por Infobae, Castro encabezó protestas contra alcaldías que se negaron a contratar los servicios de las empresas de Rais. Como ministro de trabajo, Castro ha emprendido inspecciones selectivas a medios de comunicación que han sido críticos con la gestión de Bukele.
En julio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Rolando Castro y a Enrique Rais en una lista de actores corruptos y antidemocrático de Centroamérica, conocida como lista Engel en referencia a Elliott Engel, el excongresista demócrata de Nueva York que le dio vida legal.
A Castro lo incluyeron en la lista por “obstruir investigaciones de corrupción, socavar el proceso democrático o sus instituciones y por dañar a adversarios políticos”. En El Salvador, el nombre de Castro aparece en un expediente judicial que lo relaciona en diálogos con las pandillas en el centro de San Salvador. El ministro de Bukele ha respondido que las acusaciones son falsas y ha amenazado con demandar al gobierno de los Estados Unidos, algo que, un año después, no ha hecho.
Rais está en la lista Engel del Departamento de Estado por “involucrarse en corrupción significativa, socavar los procesos democráticos y sus instituciones y por sobornar a funcionarios públicos”.
El otro nombre que vincula a Rais con el presidente Bukele es el de Erick Vega, un asesor comercial del gobierno salvadoreño que fue, además, secretario particular de José Luis Merino, el exfuncionario del FMLN vinculado a Alba Petróleos y financista de Bukele, y familiar político de Rais.
Vega, dice un estudio elaborado en Estados Unidos, es el nexo entre dos grupos de crimen organizado, el de Rais y el de Merino, y el presidente de El Salvador. “Erick Vega es de particular importancia por sus nexos profundos con la estructura Merino y su relación personal cercana con Bukele (es el padrino de uno de los hijos de Vega) y miembros de la familia extendida de Bukele”, asegura Douglas Farah, director de IBI Consultant y autor del informe “Cómo hacer desaparecer mil millones de dólares”, en el que se detallan las relaciones de Bukele con el petróleo venezolano.
“Vega también está relacionado con la familia del fugitivo Enrique Rais y tiene acceso a la extensa red internacional de Rais. Antes de convertirse en el asesor de inversiones de Bukele, el único trabajo de Vega en la década pasada había sido servirle a Merino de secretario privado y oficial de empresas de Alba Petróleos”, revela el informe de IBI.
Rais había ido bajando el perfil poco a poco desde que se fue a Suiza, pero su influencia permaneció en El Salvador, en forma de un ministro, de un asesor comercial, de un fiscal que viajó en su avión, de un presidente con el que hizo negocios. Hoy, su sociedad con el kosovar Pacolli volvió a ponerlo todo en la mesa.
Esa influencia ya le valió a Rais para que, a mediados de 2021, la diplomacia salvadoreña le echara la mano en una movida legal con Naciones Unidas. En 2020, abogados de Rais alegaron ante el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU (el GT) que la detención del empresario en El Salvador en 2016 había sido ilegal. El GT mandó a oír al gobierno salvadoreño, para resolver, pero la cancillería de Bukele traspapeló una respuesta con las pruebas de que la detención había sido legal y que estaba basada en más de un centenar de pruebas en contra de Rais. Sin respuesta del Estado, el GT dio por válido el alegato de Rais. Al final, sin embargo, el informe retenido por los funcionarios de Bukele se hizo público y volvió a quedar claro que Rais sigue siendo, solo, un prófugo de la justicia. Un prófugo, eso sí, con influencias.