Las autoridades chavistas facturan “frecuentemente” a las petroleras colombianas por la contaminación causada por la fuga de crudo de un oleoducto que discurre adyacente a la frontera compartida por los dos países, dijo una organización alemana sin fines de lucro en un informe esta semana.
Por Oliver Griffin | Reuters
Los oleoductos de Colombia, que son administrados por Cenit, filial de la petrolera mayoritariamente estatal Ecopetrol, están plagados de bandas criminales que roban miles de barriles de crudo por día para hacer pategrillo, una gasolina rudimentaria utilizada para fabricar cocaína.
Las válvulas ilícitas instaladas en el oleoducto Caño Limón-Covenas para extraer crudo se caen fácilmente cuando se bombea petróleo a lo largo de la infraestructura, según el informe de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, lo que provoca derrames que contaminan los ríos que desembocan en el lago de Maracaibo, en Venezuela.
“Las autoridades venezolanas envían con frecuencia facturas a las empresas colombianas responsables de la infraestructura petrolera”, agrega el informe.
Reuters no pudo verificar de forma independiente que se enviaron o pagaron las facturas. Ecopetrol no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia declinó hacer comentarios.
Cenit no comentó si había recibido facturas de las autoridades venezolanas o si las había pagado, pero insistió en que operaba con los más altos estándares.
“Las afectaciones, incluidas las válvulas ilícitas para el robo de hidrocarburos, son causadas por terceros”, dijo la empresa a Reuters en un comunicado.
El Palacio de Miraflores no respondio a las preguntas. Tampoco la petrolera estatal PDVSA.
Las imágenes vistas por Reuters tomadas en la región del Catatumbo de Colombia, a través de la cual pasa el oleoducto Caño Limón-Covenas, muestran la contaminación por petróleo en los ríos.
Las frías relaciones entre Colombia y Venezuela dificultan la capacidad de las autoridades para reparar los daños causados por los derrames de petróleo, dijo a Reuters Bram Ebus, un criminólogo holandés y uno de los autores del informe.
“Desde un punto de vista ecológico, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es crucial”, dijo, generando esperanzas de que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, esté más dispuesto a discutir estos temas que el gobierno actual.
El robo del oleoducto de Colombia alcanzó al menos un máximo de seis años en la primera mitad de 2021, encontró una investigación de Reuters, ya que los grupos criminales buscaban reemplazar los suministros cada vez más escasos de gasolina venezolana de contrabando para usar en el tráfico de drogas.