Rafael Caro Quintero, el Narcos de narcos, ha vuelto a caer en manos de la justicia luego de casi nueve años en que fue liberado y jurar que no volvería al tráfico de drogas, pero el objetivo prioritario de Estados Unidos nunca fue olvidado por el asesinato de un agente federal de la Administración del Control de Drogas (DEA).
Por Antonio San Juan / Infobae
Cuando el gobierno norteamericano reiteró los intereses en su contra, revelaron acusaciones en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con un recuento sobre sus actividades criminales desde 1980 hasta 2017. En parte de esas acciones están implicados más cómplices de relevancia, cuyos nombres están sellados.
Pero la DEA ya lo tenía en su lista de los 10 fugitivos más requeridos por delitos presentados desde 1987 en la Corte del Distrito Central de California, incluidas imputaciones sobre el secuestro y posterior ejecución de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la agencia antidrogas, y del piloto mexicano Alfredo Zavala.
De acuerdo con los registros judiciales consultadas por Infobae México, los cargos en Brooklyn representan un historial de 40 años, incluso mientras Caro Quintero estaba en la cárcel y cuando quedó fuera de las rejas en 2013, tras su arresto en Costa Rica en 1985.
Este 15 de julio quedará marcado en la historia del narcotráfico como la fecha en que la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) encabezó otro operativo para dar con el fundador del Cártel de Guadalajara. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicarlo, pero el punto de la detención no se ha indicado, salvo informes extraoficiales que señalaron la recaptura en San Simón, poblado de Choix, Sinaloa y Chihuahua.
La DEA asegura que el Narco de narcos siguió operando bajo la protección del Cártel de Sinaloa durante más de tres décadas. Sin embargo, sus sobrinos se enfrascaron una batalla territorial en Sonora desde finales de 2020 al conformar el Cártel de Caborca, cuya disputa aún se mantiene contra los Chapitos. Aunque esos familiares también fueron asociados a la Plaza, remanente de los Beltrán Leyva.
Según registros de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el capo es implicado en crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, así como conspiración para cometer delitos violentos en ayuda del crimen organizado.
Pero en esos delitos destaca su conspiración para secuestrar a un agente federal; además del caso concreto de la privación ilegal de la libertad de Kiki Camarena; el delito grave de asesinato directo del mismo agente de la DEA, su complicidad y como sujeto encubridor de otras violaciones a ley.
“Supuestamente ocupa una posición de liderazgo clave activo al dirigir las actividades del Cartel de Sinaloa y la Organización de Narcotráfico Caro-Quintero dentro de la región de Badiraguato, Sinaloa”, señala el FBI en la ficha criminal.
Las referencias de la DEA también lo identifican en el secuestro y asesinato de Kiki Camarena en febrero de 1985 y los cargos señalados por el FBI. Pero igual es requerido por posesión con la intención de distribuir marihuana y cocaína, asesinato, además de operaciones de una empresa criminal continua.
Sin embargo, las supuestas responsabilidades en la Corte de Nueva York de tres cargos le atribuyen la importación de cantidades masivas de drogas, así como conspirar para asesinar a personas que representaban una amenaza para su negocio criminal.
Los apodos designados incluyen una larga lista a como se le conocía cuando se consolidó en el narco. Pero también se añaden denominaciones como RCQ, Cesar, don Rafa, el Señor, 28, R1, Compa, el Hombre, el Plebe, el Canoso, el Crespo y the Old man (el Viejo).
En particular, lo identifican como narcotraficante que envió heroína, metanfetamina y cocaína desde febrero de 2015 hasta enero de 2017. Mientras que antes de ese periodo y desde 1980 solo traficó marihuana, el uso de armas de fuego en relación con su empresa de narcotráfico.
Los millones de dólares generados por estas ventas de drogas luego fueron transportados de regreso a México. Recibió más de 10 millones de dólares en ingresos brutos durante uno o más períodos de doce meses para la fabricación, importación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
Para ello empleó a decenas de personas que garantizaran el éxito de sus operaciones, incluidos sicarios, quienes encabezaron asesinatos y secuestros para silenciar testigos potenciales, además de tomar represalias contra quien pudiera informar a las autoridades de los ilícitos.
Pero esos operadores también son señalados por cometer asaltos, secuestros y actos de tortura. Además de cumplir la disciplina de sus cómplices para castigar la deslealtad y el fracaso.
Ese comando armado al servicio de Caro Quintero también ha servido como escolta personal; lo mismo incluye jefes de plaza que controlan territorios, transportadores de estupefacientes y lavadores de dinero.
En México fue juzgado por el asesinato de Kiki Camarena, pero en 2013, un Tribunal Colegiado de Guadalajara justificó dejarlo fuera de la cárcel, cuando apenas cumplía 28 años de 40 que debía pagar. En el caso del capo no se alegaba su culpabilidad, sino qué tribunal debía juzgarlo, si uno del fuero federal o uno local; en su amparo fue favorecido porque debió ser procesado a nivel estatal.
Para el 16 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en la misma ciudad ordenó la inmediata reaprehensión de Caro Quintero para cumplir las ejecutorias de los amparos 180/2011 y 101/2013, en los que se consideró penalmente responsable al capo por secuestrar y asesinar al agente de la DEA.
Las autoridades judiciales dictaminaron que la ejecución del exagente, como funcionario del gobierno de EEUU, representaba un delito del fuero federal, por lo que había sido procesado en el tribunal correcto.
Pero ya desde entonces el Narco de Narcos se mantenía oculto en los dominios del Cártel de Sinaloa. Hasta este 15 de julio, cuando la Semar logró la recaptura en espera de que sea extraditado, luego de que fuera objetivo prioritario con 20 millones de dólares de recompensa.