El Gobierno español ha entregado hoy al régimen bolivariano al ciudadano venezolano Ernesto Quintero, antiguo empleado de una casa de Bolsa en Caracas y perseguido del chavismo, así lo reseñó EL MUNDO de España.
“Indignación y estupor ha causado en la extensa comunidad venezolana en España la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero. Es un grave precedente que nos preocupa e indigna a todo. Hemos pedido explicaciones a las autoridades“, se quejó Antonio Ecarri, que ejerce como jefe de la misión diplomática de la presidencia encargada en España.
Las distintas peticiones de asilo en favor de Quintero fueron desestimadas por la administración española. Tampoco se escuchó la petición parlamentaria, realizada el pasado 26 de mayo.
Los defensores de Quintero han intentado durante 29 meses luchar contra el proceso abierto contra este ciudadano de 41 años, quien fue identificado en un control de la Policía Municipal de Madrid y se descubrió que pesaba contra él una notificación roja de la Interpol.
Quintero y su familia decidieron refugiarse en Madrid tras comprobar cómo se convertía en cabeza de turco de un presunto caso de estafa en su país.
El ahora deportado ejercía como administrativo en ABA Mercado de Capitales, una de las casas de bolsa intervenidas por Hugo Chávez en 2010.
Contra sus dueños se inició un proceso por estafa de 50 millones de dólares, durante el cual Quintero trabajó codo con codo con los interventores del estado, incluso fue reconocido por ello.
No obstante, sus abogados le aconsejaron que huyera de Venezuela, país en el que la justicia forma parte del aparato de represión de la dictadura.
Ni la Audiencia Nacional ni el fiscal ni el Consejo de Ministros atendieron las demandas no sólo de sus defensores, también Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que en un escrito subrayó el arraigo familiar de Quintero y recomendó “el no retorno y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la situación humanitaria y de seguridad en Venezuela“.
“Un inocente sin juicio ni debido proceso. Todas las gestiones realizadas con el gobierno de España han dado como resultado el silencio“, protestó la diputada popular Valentina Martínez.
Ante lo que parecía una extradición inevitable, el grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley para que desde la legación diplomática en Caracas se exija al régimen de Maduro “el respeto escrupuloso a los detenidos y al debido proceso” ante la “proliferación de maltrato en las cárceles, evitando así que el gobierno de España se convierta en cómplice de malos tratos a los detenidos“.