La Santa Sede pondrá en marcha, a partir del próximo 1 de septiembre, “una nueva política unitaria” para las inversiones financieras, con la intención de garantizar su naturaleza ética, anunció hoy el Vaticano, una medida que se enmarca en la política de transparencia impulsada por el papa Francisco.
El pontífice ya instituyó en junio pasado un Comité para las Inversiones, un organismo incluido en su Constitución Apostólica y dirigido a “garantizar la naturaleza ética de las inversiones inmobiliarias de la Santa Sede”, que contrasta con las irregularidades financieras por la compraventa de un edificio de lujo en Londres que actualmente se juzgan en el Vaticano.
“La nueva política de inversiones tiene por objeto garantizar que las inversiones se destinen a contribuir a un mundo más justo y sostenible”, así como “proteger el valor real del patrimonio de la Santa Sede generando un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades”, indicó el Vaticano en un comunicado.
Además, deben estar “en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia católica, con exclusiones de las inversiones financieras que contradicen sus principios fundamentales, como la inviolabilidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común”.
“En este sentido, es importante que se dirijan a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo las de carácter especulativo, y sobre todo que se guíen por el principio de que la elección de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una elección moral y cultural”.
Las nuevas directrices de inversión están incluidas en un documento que debatido en el Consejo de Economía y especialistas en la materia, bajo la supervisión de los responsables de los Dicasterios (ministerios) de la Curia y de las instituciones y entidades vinculadas a la Santa Sede por el Prefecto de la Secretaría de Economía, Juan Antonio Guerrero Alves.
La nueva política de inversiones se experimentara durante cinco años y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, con un periodo de moratoria para adaptarse a los criterios propuestos.
Las instituciones curiales deberán confiar sus inversiones financieras a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo vaticano encargado de la gestión de su patrimonio económico, indica el Vaticano.
Para ello “transferirán su liquidez a invertir en la cuenta de la APSA habilitada a tal efecto en el Instituto de Obras para la religión (IOR),” conocido popularmente como el Banco vaticano, “o sus valores depositados en bancos extranjeros o en el propio IOR”.
“La APSA, como institución que administra el patrimonio de la Santa Sede, creará un fondo único para la Santa Sede al que irán a parar las inversiones en los distintos instrumentos financieros, y tendrá una cuenta para cada institución, tramitando los informes y pagando los rendimientos”, explica el Vaticano.
Además, el nuevo Comité de Inversiones, creado por el nueva Constitución Apostólica, “llevará a cabo -a través de la APSA- las consultas oportunas para la puesta en marcha de la estrategia de inversión y evaluará la idoneidad de las opciones, con especial atención a la conformidad de las inversiones de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, así como a la vuelta y riesgo de acuerdo con la Política de Inversión”.
Precisamente, el Vaticano juzga en este momento a nueve personas por una serie de presuntas irregularidades financieras en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, en concreto la compraventa de un lujoso edificio en Londres que acabó en estafa y granjeando un agujero contable.
Entre los imputados está el cardenal Angelo Becciu, entre 2011 y 2018 número dos de la Secretaría de Estado y al que, al destaparse el escándalo, Francisco retiró todos sus derechos cardenalicios y apartó del cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
EFE