En Táchira, Mérida y Trujillo los agricultores llevan años pagando un impuesto ilícito para trasladar sus alimentos a centros urbanos de otros estados que les afecta su estructura de costo y encarece el precio que pagan consumidores finales. Se trata de “coimas o matracas” que piden algunos funcionarios de seguridad instalados en alcabalas a lo largo de la carretera, así lo reseñó LA PRENSA DE LARA.
Según denunció Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, estas se pagan en dólares o “especies”; es decir, ya los productores están mentalizados que deben apartar el 30% de sus cosechas para sortear la avaricia de estos funcionarios y van armando bolsas o guacales de dos kilos o hasta 10, para entregarlas en cada punto de control militar o policial que se encuentran en el viaje.
“No importa que los papeles del camión estén en regla, tampoco que se tenga la Guía de Movilización de alimentos o animales que otorga el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai). Los policías se agarran de lo más mínimo, piden abiertamente pa’ los frescos; te dicen que les tienes que dar colaboración y si el productor no cede, hasta los provocan para detenerlos“, exclamó Camino.
El pasado viernes 15 de julio, Valentina Quintero, periodista impulsora del turismo en Venezuela, encendió las redes sociales con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde denunció el excesivo número de alcabalas instaladas a lo largo del país y los abusos cometidos por algunos funcionarios. Un problema que no está afectando solamente a productores del campo, también a viajeros o hasta jóvenes que manejan. Hizo hincapié en lo que ocurre cuando una persona muestra su pasaporte extranjero.
“Si este es un extranjero los funcionarios saben que tienen dólares y de eso se agarran. Y a cualquiera que viaja con maletas le revisan todas las maletas, y lo peor es que te paran en una alcabala y después te paran en la que sigue, y en la que sigue. Cuando tú presentas todos tus papeles que están en regla, te tienen que dejar ir y si te falta un papel como, por ejemplo, el certificado médico vencido no te pueden detener, te tienen que poner una multa y listo“, expresó a LA PRENSA. Recomienda a los ciudadanos que viajen con todos los papeles en regla que denuncien a los policías municipales, regionales, nacionales o a la Guardia Nacional que a lo largo de las vías extorsiona a conductores y pasajeros.
“No hay ninguna manera en que se pueda promover el turismo en Venezuela si viajar por carretera es esa ruina. Porque además aquí había toda una inseguridad en las carreteras y era por la delincuencia, porque sí lanzaban botellas, sí lanzaban vidrios, clavos para robar. Pero eso no ha vuelto a ocurrir. Aquí la delincuencia organizada es la autoridad. Entonces allí no tienes cómo defenderte, porque los funcionarios se sienten con todo el derecho de detenerte en cualquier parte y pedirte lo que les parezca para dejarte pasar. Esa es la verdadera delincuencia“, alegó.
De este flagelo no se salvan ni los empresarios. Joel Segura, presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, informó que de Barquisimeto a Caracas existen alrededor de 10 alcabalas instaladas en un trayecto de 270 kilómetros. Allí los funcionarios de seguridad piden entre cinco dólares o 100 dólares a los transportistas para dejarlos circular, o los despojan de parte de su mercancía. “Se afincan más cuando la carga es materia prima o se transportan alimentos para la agroindustria“, resaltó.
Afirma que esa cantidad de recursos que van perdiendo lo asume el industrial, pero al final se refleja en la estructura de costo que pagan las personas en los comercios. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que se pierde para transportar mercancías o insumos. Un viaje de Barquisimeto a Caracas que debería durar cinco horas, fácil puede tardar 10 horas y sin ninguna razón aparente“, explicó.
Instan a denunciar
Valentina Quintero indicó que las personas tienen que valerse de las palabras de Nicolás Maduro y denunciar a los funcionarios corruptos que traten de pedir dinero o intimidar a las personas, aun cuando viajen con toda su documentación en regla.
“Ya que apareció un pronunciamiento del presidente Maduro, un pronunciamiento del fiscal general, Tarek William Saab hay que aprovecharlo. Hay que denunciar cuando funcionarios corruptos te impidan circular libremente por el territorio nacional. Si le van a quitar el teléfono no se deje. Hay un instructivo del fiscal que dice que sólo están permitidas las alcabalas autorizadas por la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de cada estado. Las personas tienen derecho a exigirle su nombre al funcionario, a grabarlos para tener pruebas y a denunciarlos en el Ministerio Público“, refirió.