Expertos coinciden en que la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que busca reforzar esfuerzos para llevar a rehenes y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente a sus hogares, podría ser usada como “piso legal” para mantener una negociación directa con el chavismo a cambio de liberar a rehenes norteamericanos detenidos en Venezuela.
Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com
Esta semana Biden firmó una orden basada en la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes de 2020, que se enfoca en reforzar el apoyo a familiares de los detenidos y permite a agencias federales imponer sanciones a personas y gobiernos responsables de “detenciones injustas”.
Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politiks, Enderson Sequera, la medida que define la “toma de rehenes y la detención injusta” de estadounidenses en el extranjero como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, también podría allanar el camino hacia un progresivo levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro, “justificado por este nuevo mandato para la liberación de rehenes”.
“En relación al caso venezolano, esta nueva orden refuerza y legitima los esfuerzos de la administración Biden para mantener una negociación directa con el chavismo” a cambio de liberar a los estadounidenses detenidos en Venezuela, expone.
Aumento de presión a regímenes autoritarios
A juicio de Sequera, es posible que la orden haya sido diseñada para “aumentar la presión” sobre regímenes autoritarios que tienen rehenes americanos en su territorio, sin embargo, estima que podría tener un “efecto contrario”.
“Aumentará los incentivos de regímenes autoritarios a tomar rehenes americanos en el extranjero, sabiendo que con este tipo de tácticas se ganan la atención del gobierno americano”, opina.
Además, considera que, en el caso del chavismo, la medida solo refuerza su estrategia de mantener una negociación directa con la administración Biden.
“Un intercambio de sanciones por rehenes, y disminuye los incentivos para reanudar la negociación en México con la Plataforma Unitaria”, apunta.
Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, “no es una buena idea” utilizar el mecanismo para lograr negociar “algunas cosas” y estima que la Orden Ejecutiva podría producir nuevas acciones contra los países que usan ciudadanos norteamericanos para ejercer presiones.
Contreras, además, considera preocupante que Venezuela haya sido incluida en la letra D de alerta sobre países donde los viajeros pueden ser detenidos injustamente.
“Los EEUU está haciendo una advertencia a un grupo de países que son considerados como países forajidos, países al margen del derecho internacional como Myanmar, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Que lamentablemente Venezuela se encuentre en esa lista es como para reflexionar”, lamenta.
Poco después de la visita a Caracas de una delegación de la Casa Blanca integrada entre otras personalidades por el enviado especial de Biden para asuntos de rehenes, Roger Carstens, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, denunció, sin precisar cifras, que Venezuela es uno de los países con mayor número de “norteamericanos secuestrados”.
Guaidó subrayó a principios de este mes que la presencia de Carstens, “hace directamente a Maduro el secuestrador no solamente de norteamericanos” sino de “centenares” de venezolanos.
Días antes de la llegada de los funcionarios estadounidenses, familiares de Matthew Heath, un ex marine estadounidense detenido en Venezuela desde el 2020, denunciaron que intentó quitarse la vida en su celda en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la activista de DDHH, Tamara Suju, denunció que fue trasladado de emergencia al Hospital Militar en la capital venezolana.