La camioneta Volkswagen Amarok había estado escondida en un barrio en el este de Tegucigalpa. Antes de la medianoche del 13 de julio, la sacaron de ahí, viajaron durante unos 15 minutos y la estacionaron cerca de la Torre Morazán, en el centro de la ciudad. Ahí están las discotecas Space e Indie. En una de ellas, sabían los sicarios, se encontraba el joven al que tenían que matar: Said Lobo, uno de los hijos de Porfirio Lobo, el hombre que fue presidente de Honduras entre 2010 y 2014. Los pandilleros esperaron.
Por Infobae
Unos minutos antes de las dos de la madrugada del jueves 14 de julio, la camioneta ingresó al estacionamiento de la Torre Morazán. Los pandilleros sabían que Said Lobo estaba por irse. Con la Volkswagen Amarok bloquearon el vehículo en el que viajaba el hijo del expresidente y se bajaron. Eran cinco e iban, todos, vestidos con uniformes similares a los que usan los comandos especiales de la policía hondureña y armados con ametralladoras.
Videos extraídos de las cámaras de vigilancia instaladas en el edificio dan cuenta de lo que pasó durante los siguientes minutos. Los pandilleros, uniformados y cubiertos con cascos, hacen salir a los cuatro ocupantes del vehículo en el que se conducía Lobo y obligan a dos de ellos a que apoyen los brazos alzados en una de las paredes del estacionamiento. Mientras, dos de los pandilleros se alejan un poco. Luego, la muerte: ráfagas que duran apenas instantes hacen caer a Lobo y tres acompañantes, entre ellos el hijo de un militar que participó en el golpe de Estado de 2009. Cuatro minutos después, antes de que pasen cinco de las 2:00 a.m., los muertos yacen en el concreto y los sicarios huyen.
En el suelo está el cadáver de Said Lobo, el hijo de Porfirio “Pepe” Lobo, el presidente que dirigió Honduras después del golpe de 2009 y durante cuyo gobierno, según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el circuito judicial del Distrito Este de Nueva York, inició la gran alianza entre el narcotráfico hondureño y la élite política del Partido Nacional, entonces dirigido por Lobo y un diputado emergente de nombre Juan Orlando Hernández.
Horas después, la Policía Nacional (PN) detuvo a seis personas a las que vinculó a los asesinatos y acusó de ser miembros de la MS13. Se supone que cuatro de ellos forman parte del grupo de sicarios (el quinto murió en la balacera) y otros dos son los dueños de la camioneta Volkswagen. En vías de investigación está una mujer que cuidaba la casa donde los pandilleros habían guardado el vehículo que utilizaron para la operación.
Infobae ha tenido acceso a actas policiales y testimonios de las pesquisas que la PN de Honduras inició a pocas horas de la masacre. La autenticidad de los documentos fue confirmada por dos funcionarios de alto rango en el gobierno de Xiomara Castro, la actual presidenta.
Sobre el móvil, los investigadores élite de la PN enviaron un primer informe a sus superiores el 15 de julio, un día después de los asesinatos, en el que adelantan: “La muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo responde a un mensaje/amenaza de parte de un grupo de exfuncionarios que se apoderaron de una basta (sic) cantidad de dinero y hacen uso de esto para coaccionar por medio de la MS a las personas que declararán contra el expresidente Juan Orlando Hernández en juicio en Nueva York. La MS fue prácticamente contratada para una sola misión (que nadie declare en contra del expresidente)”, se lee en el informe.
Infobae contactó a dos voceros del gobierno hondureño para confirmar lo que revela el informe policial. Desde el anonimato, por no estar autorizados a comentar investigaciones en curso, ambos dijeron que hay varias líneas de investigación abiertas y que la del narcotráfico y la posible participación de exfuncionarios es una de ellas.
Problemas de familia
La hipótesis del narcotráfico apunta a que la operación para matar al hijo de Porfirio Lobo fue planificada por políticos que fueron funcionarios del Partido Nacional -al que pertenecen Lobo y Hernández-, quienes pagaron, según las primeras investigaciones, al menos US$200,000 a la MS13 para ejecutarla.
Según los datos de la Policía, la MS había pedido, además de los US$200 mil, 853 mil lempiras extra (unos US$36,000) que gastaron en los uniformes y equipo que utilizaron.
El informe inicial dice: “Investigaciones nos dan a conocer del pago de los primeros 50 mil dólares y (que) después de cumplir la misión 150 mil dólares (serían) recibidos en Choluteca (al sur del país) en los próximos días”. Un reporte de la inteligencia policial sobre el caso, bautizado como “Magda II”, sostiene que un exfuncionario del Partido Nacional en Choluteca al que no se identifica maneja “en caletas” dinero que Juan Orlando Hernández dejó en Honduras antes de ser extraditado a Estados Unidos en abril de este año, y que sería “una partida especial que el hombre dio”.
La hipótesis, aquí, es que ese dinero sirvió para financiar el asesinato del hijo de Lobo. El objetivo de la operación, de acuerdo con estas investigaciones, era mandar un mensaje a quienes pudieran verse tentados a ofrecer pruebas contra Hernández en el juicio por narcotráfico que el expresidente enfrenta en Estados Unidos. El mismo Pepe Lobo ha sido señalado por participar en negocios con traficantes de droga hondureños durante su presidencia y Washington lo ha sancionado por corrupción relacionada a contratos otorgados a la banda de narcotraficantes Los Cachiros, una de las más poderosas en Honduras la década pasada. La lógica, según los investigadores, es que quienes tuvieron tratos con el narco en el pasado pueden hoy dar información a la justicia estadounidense para que esta afiance una condena a Hernández.
Y, según todas las investigaciones estadounidenses, Pepe Lobo tuvo esos nexos con los narcos: “Cuando estuvo en el poder… aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo (esposa de Porfirio y madre de Said) se implicó en actos significativos de corrupción…”, dijo en un comunicado Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, en julio de 2021.
El 20 de julio del año pasado, el Departamento de Estado hizo pública las designaciones de Lobo y su familia por participación en “actos significativos de corrupción”. La lista incluía, además de la expareja presidencial, a tres hijos de estos: Fabio, Ámbar Naydee y un tercero no identificado por ser menor de edad. Fabio Lobo, además, había sido condenado en Nueva York en 2016 por narcotráfico.
Fue durante el juicio de Fabio que se hicieron públicos muchos de los detalles que la justicia estadounidense ha utilizado como argumentos y pruebas en las investigaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, y su hermano Antonio “Tony” Hernández, también condenado por narcotráfico. Según los testimonios que se conocieron en el juicio del hijo mayor de los Lobo, y otros recabados luego, ambos presidentes, Pepe Lobo y Hernández, construyeron un imperio político de narcotráfico que involucró a Los Cachiros y a Los Valle, otra de las bandas poderosas en Honduras. Eran todos, según esas investigaciones, parte del mismo negocio.
Al final, tras la captura de Tony Hernández en 2018, las relaciones entre JOH y Lobo terminaron agriándose. Lobo incluso acusó a su sucesor de estar detrás de una persecución política a su familia.
Al interior de la policía hondureña, tras el asesinato de Said Lobo, ya hay quien da credibilidad a la tesis de una campaña de eliminación de potenciales testigos en el juicio a JOH: “Se debe prestar toda la colaboración posible a estos testigos (Caso JOH) y evitar que salgan innecesariamente a lugares públicos, a partir de hoy se demuestra que todo testigo que pueda atestiguar en el caso del expresidente corre riesgo de ser asesinado”, dice un informe al que Infobae tuvo acceso.
No sería, esta, la primera vez en que potenciales informantes contra los Hernández terminan muertos. En octubre de 2019 fue asesinado en una cárcel hondureña Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza, un socio de Tony Hernández que tenía en su poder libretas que detallaban las actividades de narcotráfico en las que estaba implicado el hermano del presidente. El asesinato fue atribuido a Alexander Mendoza, alias Porky, un líder de la MS13 que luego se evadió de prisión en un espectacular rescate en el que participaron agentes de la fuerza pública hondureña.
“El operativo para sacar a Porky de la cárcel es muy parecido a este (para el asesinato de Said Lobo)”, dijo a Infobae un alto jefe policial hondureño.
El nombre que los investigadores hondureños han puesto a la investigación sobre el asesinato del hijo de Lobo no es gratuito: Magda II, en referencia al caso de Magdaleno Meza.
¿Ayuda desde adentro?
Hay otra línea de investigación en el Caso Magda II que apunta a la posible participación de agentes hondureños para facilitar la masacre. “Podemos reportar que se investiga si un miembro de la institución podría haber removido una patrulla intencionalmente del Bulevar Morazán”, informan los agentes investigadores a sus superiores a pocas horas de cometidos los asesinatos. El Morazán es una de las avenidas más importantes de Tegucigalpa, sobre la que se encuentra el edificio que alberga a las discotecas en las que estaban Lobo y sus acompañantes previo a la masacre.
Hay otro indicio que ha llamado la atención de los investigadores, y que es parte de un patrón en casos como este: la relación entre abogados defensores de los implicados y agentes del Ministerio Público hondureño.
El mismo 14 de julio, día de la masacre, la policía capturó a dos hombres a cuyo nombre estaba la camioneta Volkswagen en la que los pandilleros llegaron hasta las discotecas. A poco de ser detenidos, a las carceletas policiales llegaron al menos seis abogados a presentarse como defensores, uno de ellos, de acuerdo con las pesquisas iniciales, vinculado a un fiscal no identificado que también trabajó el caso de Porky.
Los funcionarios hondureños consultados para esta nota insisten en que por ahora no descartan ninguna línea de investigación, pero, en voz baja, apuntan que este caso puede convertirse en un gran reto para el gobierno de Xiomara Castro si, en efecto, toca los nervios más importantes del bajo mundo del narcotráfico en Honduras.
Por ahora, los encargados de Magda II han pedido que la investigación la supervise Sema Yulissa Villanueva, viceministra de seguridad y exjefa de medicina forense. Solo así, dicen los policías, hay garantías de que el caso no termine en manos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público, que ya en el pasado torció investigaciones que implicaban a narcotraficantes y a los hermanos Hernández.