El procurador especial del Gobierno Encargado de la República de Venezuela, Enrique Sánchez Falcón, este martes, presentó una exposición visual sobre lo que hubiese sido la presentación del segundo informe de rendición de cuentas del ente, con respecto al período 2021-2022, ante la Asamblea Nacional (AN), y la opinión pública, revelando que lo hacía debido a que factores políticos que hacen vida dentro del Parlamento negaron la posibilidad de realizar la rendición formal de cuentas ante la Asamblea.
Al respecto, el funcionario subrayó que con anterioridad solicitó ante Secretaria del órgano unicameral, la petición de presentar la rendición de cuentas de la Procuraduría Especial de la República (PER), pero factores políticos se opusieron, sin explicar el motivo de tal decisión.
Explicó a través de una comunicación enviada al presidente encargado Juan Guaidó y a miembros de la Comisión Delegada de la AN, que los contenidos de ese informe aluden a lo establecido en el artículo 17.4 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en lo adelante el Estatuto de la Transición) sobre el estado de los litigios, los avances estratégicos y la situación de la defensa de los activos del Estado en el Extranjero, así como sobre la rendición de cuenta de los fondos públicos empleados.
Sánchez Falcón, informó que 201 ha sido el total de procesos judiciales y arbitrales en la defensa de los activos de la nación, que corresponden a litigios por 40 mil millones de dólares que están en los tribunales de países que reconocen al Gobierno Encargado del presidente Juan Guaidó. Entre los cuales, se han contabilizado 62 arbitrajes identificados que suman la cantidad de 15 mil millones de dólares y los 139 juicios, por un monto de 24 mil millones de dólares.
Precisó, que el monto hasta la fecha por concepto de honorarios profesionales, sumando lo pagado y lo adeudado es de 63 millones de dólares. Además, mostro un resumen del proceso de revisión de facturas y las auditorías internas a las que son sometidas.
En su disertación mencionó las audiencias de juicios más importantes ocurridas recientemente, y otras incidencias, entre las cuales destacó el juicio sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra; Crystallex; Conoco; nulidad bonos 2020; casos Farc y ELN, entre otros.
Insistió en la necesidad de la aprobación de recursos para litigios. “La Oficina de Procuraduría Especial ha solicitado y casi rogado presupuesto integral para atender los litigios y ha sido sistemáticamente ignorada”. A su vez, opinó la OPE que “es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40 mil millones de dólares”.
La PER, propuso que ante la imposibilidad económica de asignar los casos de arbitrajes a firmas de abogados especializadas, y ante la tendencia de precedentes que no reconocen la representación de la República por parte del Gobierno interino; se propone contratar a una firma de juristas especializada en arbitrajes internacionales, que ayude a determinar una estrategia que permita a esta oficina actuar directamente en los procesos y se suspendan los procesos por carecer los tribunales arbitrales de jurisdicción para decidir sobre la legitimidad o no de los gobiernos en disputa.
Con relación a los órganos o entes descentralizados, la PER les brinda asesorías cuando estos carezcan de servicios de consultoría jurídica o cuando se trate de asuntos de especial importancia para el sector público interino, entre las cuales menciona: Propuesta de Reforma del Estatuto de la Transición; informe sobre la propuesta de fideicomiso; informe sobre el caso ALUNASA; asesoría al Consejo de Administración del Gasto sobre los reclamos de los Magistrados legítimos del TSJ; propuesta de creación del Consejo de Estado; declaración del Procurador Especial para la audiencia en el Tribunal de Comercio de Londres.
Señaló al partido político Primero Justicia de obstruir la labor de la Procuraduría Especial de la República y del Gobierno Interino. “Es de conocimiento público las actitudes deliberadas de uno los dirigentes de esa organización política”. Aunque reconoció que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, frecuentemente acompañan a Primero Justicia en esas actuaciones obstruccionistas. Sánchez Falcón, aprovechó para aclarar que no tiene vinculación con ningún partido político. /Nota de Prensa