Las fuerzas españolas de seguridad han desmantelado una red de explotación sexual de mujeres colombianas captadas en ese país con falsas promesas de trabajo y que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse en viviendas de Tarragona (noreste).
Según informó la Policía este lunes, la investigación comenzó el pasado 12 de julio con una llamada al servicio nacional de atención de víctimas de trata y concluyó con la detención de dos hombres y una mujer.
A los detenidos se les imputan los delitos de trata de personas, determinación coactiva a la prostitución y organización criminal; uno de ellos está acusado también de otro contra los derechos de los extranjeros.
Tras el aviso de que dos mujeres estaban siendo explotadas, la Policía contactó con las víctimas e hizo un seguimiento de su situación ante el riesgo de que pudieran ser maltratadas o expulsadas del lugar que les servía de domicilio, y les proporcionó asesoramiento.
Finalmente, las dos mujeres denunciaron a los tres presuntos explotadores y pidieron acogerse a la condición de testigo protegido.
Según declararon, una compatriota las captó en Colombia con una promesa falsa de contrato de trabajo y volaron a la ciudad española de Barcelona (noreste) con el viaje financiado por un prestamista de su país.
Sin embargo, una vez en España, se vieron obligadas a prostituirse y estar disponibles 24 horas al día para prácticas sexuales sin protección y sin condiciones de higiene.
Solo podían salir dos horas al día para comprar y también estaban obligadas a consumir cocaína y entregar la mitad de los ingresos a la banda.
En una ocasión, la captadora y posteriormente controladora (llamada ‘mami’) agredió a una de las víctimas y amenazó a todas con echarlas del domicilio si no obedecían.
Uno de los hombres también vigilaba a las víctimas; el tercero era el cabecilla del grupo, responsable de las dos viviendas y de las cuentas bancarias.
Los agentes intervinieron en las dos viviendas seis teléfonos móviles, un ordenador, el pasaporte de una de las mujeres explotadas, documentación y 2.130 euros en metálico. EFE