Emirlendris no sabía lo que era un drone. Tampoco conocía siquiera la palabra “magnicidio”. Era una vendedora de ropa interior, zapatos y cosméticos de 38 años con una vida normal. Tenía un hijo y otro en camino. Pero por una crueldad del destino, de las circunstancias y de un grupo de personas ensañadas y apáticas, y luego de años de torturas y abusos que la llevaron a un aborto y a estar postrada en una silla de ruedas, fue condenada a 30 años de prisión por el atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro.
Por Infobae
El domingo 5 de agosto de 2018, Emirlendris Benítez Rosales salió a la madrugada de su casa en la ciudad de Barquisimeto. Estaba en el coche con su novio, Yolmer Escalona, y su perrita Azabache. En el asiento trasero iban dos personas que ella no conocía: Alberto Bracho y José Miguel Estrada. Yolmer le había dicho a Emirlendris que había que llevarlos a Acarigua, a tan sólo unas horas, y le había pedido que lo acompañase. Ella aceptó; el encargo les iba a dejar algo de dinero y de paso iban a aprovechar para comprar carne y quesos cuando llegaran a destino para luego revenderlos.
Pero nunca llegaron.
Faltaba poco para Acarigua cuando los detuvieron en un puesto policial en el kilómetro 163 de la autopista José Antonio Páez. Les pidieron identificación, los requisaron y se los llevaron sin darles mayor explicación a una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, antes de trasladarlos al aeropuerto para llevarlos a uno de los principales centros de reclusión para presos políticos de Venezuela. En algún momento del camino, un oficial arrojó al perro por la ventana. No querían que se ensucie el auto.
Los dos pasajeros que llevaban Emirlendris y su novio en el vehículo estaban presuntamente implicados en el atentado con drones contra Maduro en el acto de celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. La policía estaba buscándolos a ellos dos y a otra mujer a la que llamaban “María”. Emirlendris estaba allí, en el coche con ellos, y la confundieron con esta tal María. Estaba en el lugar y en el momento equivocado.
“Y se los llevaron. Asumieron que se trataba de la misma mujer y la metieron en el acta como parte de toda esta historia”, dice a Infobae Oscar Medina, periodista caraqueño y autor de Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo (Dahbar, 2018) en el cual la cronista Kaoru Yonekura cuenta la historia de Emirlendris. “Entiendo que el hermano del novio sí estaba implicado y terminó arrastrándolos a ellos dos”, afirma Medina. “No sé si sabía el novio de esto, pero ella desconocía todo lo que estaba pasando”.
Ese día comenzaron años de tortura y abusos.
“Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, escribe en su desgarradora crónica Yonekura. Resulta que María, la mujer con la que la confundieron, era en realidad Yanín Pernía, la chofer del grupo que maniobró el segundo drone durante el atentado.
El 9 de agosto de 2018, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, mencionó a Emirlendris y a Yolmer en cadena nacional como integrantes del grupo de “terroristas sicarios”. Cuando sus hermanas, Melania y Beatriz al fin pudieron descubrir dónde estaba detenida, no dejaron que la vieran.
“Para mí, hay dos torturas gravísimas”, relata Yonekura a Infobae. “La primera es que le dijeron que su hijo pequeño estaba en la celda de al lado y que le iban a hacer daño si ella no confesaba su participación en la operación, cosa que era mentira, pero que ella creyó. El niño ni siquiera estaba en Caracas. La otra fue que de tantos maltratos perdió al bebé y eso que ella había dicho reiteradas veces que estaba embarazada, que le hicieran la prueba de embarazo”.
La operación fallida de magnicidio fue, en palabras de Medina, “bastante chapucera”. Pero, en estos casos, “la represión es realmente brutal; las denuncias de tortura de este tipo de casos son tremendas. Hay una necesidad de aplicar un castigo ejemplarizante, de demostrarle a quien tenga en mente conspirar contra el gobierno lo que te va a pasar, que vas a estar preso durante años sin que el juicio avance; vas a ser golpeado, torturado o encerrado”.
El 21 de septiembre de 2018, Emirlendris fue imputada. Este jueves 4 de agosto de 2022, casi cuatro años después, fue sentenciada a 30 años de cárcel por siete delitos: homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.
Y no hay pruebas en su contra. Como explica Medina a Infobae, “meten al grupo de personas y los acusan a todos de lo mismo. No hay una discriminación e individualización de las causas y por eso la condena es así, tan excesiva y desproporcionada. Tampoco se les permite defenderse legalmente de manera individualizada. Lo que han dicho sus abogados es que no hay una prueba contra ella, no hay una prueba que la relacione ni en la planificación de este atentado ni en relaciones previas con la gente involucrada. No hay nada que pruebe su participación, simplemente que efectivamente estaba en un carro transportando estos dos tipos de una ciudad a otra”.
Durante este tiempo sufrió un sinnúmero de abusos: fue golpeada, encerrada, aislada sin agua, con mala alimentación. “Esta mujer ha sufrido un deterioro tremendo. Hay algo en su salud que no está atendido y es consecuencia de todo este maltrato, sobre todo los primeros meses en los que fue tratada de forma muy ruda, cuando estuvo encerrada en en la contrainteligencia militar”.
Y su situación no ha mejorado, Yonekura cuenta a este medio que Emirlendris ahora está recluida en el INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina). En esta cárcel hay hacinamiento, poca alimentación, no hay servicio de agua en el baño de la celda, sigue sin recibir el servicio médico que le corresponde por el notable deterioro de su salud física y mental.
“Nada la incrimina y mira dónde está”, dice Yonecura, indignada. “Emirlendris tiene una medida de protección de la CIDH desde junio de 2020 y no se ha cumplido. En marzo de este año, la Misión de la ONU mencionó su estado de salud y sigue detenida. Cuando yo conocí su caso, ella caminaba; ahora está en una silla de ruedas y sin tener un chequeo médico especializado que diga por qué y qué debe hacer para volver a tener la movilidad que tenía antes”.
“Me sorprendió mucho la sentencia que le tocó. Si hay alguien a quien debió absolverse es a ella. Si querían dar sentencias condenatorias para advertir y mostrar los castigos posibles, me parece que fue una de sentencia desproporcionada, ofensiva y dolorosa no solo para su familia, porque esto nos da una idea de cómo funciona el sistema de justicia venezolano para cualquier ciudadano”, analiza.
En cuanto a su familia, están angustiados y no tienen muy claro qué es lo que viene ahora, pero están determinados a hacer lo que toque. “¡Esas hermanas son muy unidas! Y, mira, esa familia es tan buena que hasta oran porque a los torturadores no les hagan lo que ellos hacen”, confiesa Yonekura.
Melania Leal Rosales, una de sus hermanas, contesta brevemente a Infobae unas preguntas a través de Whatsapp. Cuenta que Emirlendris “ha sufrido mucho porque ella es inocente de todos los cargos que se le imputan. Se siente impotente pagando algo que no hizo. Sufrió de torturas. Tanto así que ahora ya esta en una silla de ruedas. No tiene fuerzas en sus piernas para sostenerse de pie por sí sola”, y agrega: “Esta destrozada y devasatda por la cruel decisión”
Emirlendris, privada de su libertad, pasa sus días sin siquiera salir al patio, porque le da miedo con las otras reclusas. Come poco. Llora mucho. Tiene buena relación con sus compañeras de celda. Los custodios dicen que ella no da problemas. Aprendió a coser y lo hace bastante bien. Esta esperando cumplir un tratamiento y en un mes tiene otra consulta médica. No tiene fuerzas en sus piernas, tiene mucho dolor en la columna. En todo el cuerpo.
La sentencia se produjo cuatro años exactos después de la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima donde Maduro presidía un acto con militares. “Este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.
Yonekura señala que en la sesión donde se leyeron las sentencias mencionaron a 17 asesinos. “Me dio tristeza, porque ella no lo es”.