Cuatro días duró la Operación Autana 2022, en el municipio Sifontes al sur del estado Bolívar. Su objetivo fue “la localización, neutralización y erradicación de grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) y cualquier elemento que pretenda implantar su cultura de terror en la entidad, todo esto dando cumplimiento a las órdenes emanadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por Pableysa Ostos/ Corresponsalía lapatilla.com
La situación requirió un despliegue militar, del cual se desconoce el número de funcionarios. Así como los recuerdos empleados para desarrollar la operación desde el domingo 14 de agosto hasta este 18 de agosto.
Aunque la operación fue anunciada con bombos y platillos, generó incomodidad entre la población minera, que denunció su desplazamiento forzado por parte de los militares, así como la destrucción de sus viviendas, los equipos de minería, entre otras cosas.
Se generaron protestas: una se desarrolló en la Troncal 10 el pasado martes 16 de agosto, específicamente a la altura de la entrada hacia Tumeremo. Esta fue por unas horas y luego se dispersó la concentración.
La segunda duró más de 10 horas, iniciando desde el pasado miércoles 17 hasta este jueves 18 de agosto. El punto de concentración fue la Troncal 10, pero esta vez frente a la sede de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
“Los mineros y las organizaciones de resguardo territorial que existen en las minas de Tumeremo, son casi su totalidad venezolanos, nativos de Sifontes y el estado Bolívar. Nunca vinculados a grupos colombianos ni a ninguna actividad que conspire contra el gobierno”, afirmaron los mineros.
Los trabajadores de las minas, tras el inicio de las operaciones militares, sostuvieron que están registrados ante la CVM, lo cual los valida como mineros y mineras legalizados para la explotación del oro.
Un fallecido
Aunque no se conoce el balance completo sobre lo que dejó los cuatro días de la operación, la tarde de este jueves los habitantes de la población minera denunciaron el asesinato de un joven de 18 años a manos de militares.
Lo denunciado por los familiares de Anderson Jesús Tibaduiza Gutiérrez es que luego de culminar la concentración de este jueves, el joven presuntamente fue perseguido por una comisión militar.
Anderson iba a bordo de una moto, trasladándose hasta el sector El Esfuerzo a pocos metros del Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 624. Según los testimonios, el joven se detuvo para pedir ayuda en la casa de un pastor evangélico que conocía desde hace algún tiempo.
Sería en ese momento en el cual los funcionarios sacaron sus armas y le dispararon. Tibaduzai falleció instantáneamente, mientras que el pastor resultó herido.
Trascendió que la víctima era integrante del equipo de voleibol Guayana, el cual hace vida en Puerto Ordaz, y también participaba en el equipo de softbol de la iglesia cristiana Elin, en Tumeremo.
La versión dada por fuentes militares es que se trató de un enfrentamiento. Precisaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Destacamento 624 de Tumeremo, sostuvieron una confrontación en la calle Carabobo, del sector El Esfuerzo.
“Se tuvo conocimiento que una comisión a su mando, sostuvieron intercambios de disparos con varios sujetos aún por identificar, resultando abatido uno de los agresores”, rezaba el parte oficial.
Minas negociadas
Un habitante de la zona minera, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, señaló que el procedimiento realizado por los militares durante estos días, se trató de una operación para “desalojar a los mineros y grupos delictivos que operan en las minas para entregárselas a los iraníes y rusos”.
“Maduro en su momento les ofreció las minas a los gobernadores, algunos las toman y otros no. Esas que están sin gobernador, habrían sido negociadas con los extranjeros para que empiecen a producir en ellas. Durante estos días los militares lo que hicieron fue saquear fincas y establecimientos, porque ni suficiente comida trajeron. La única víctima de todo esto es la población de a pie”, sumó.
Promesas falsas
“Creímos en tu promesa, de que nos ibas a entregar las minas si nos organizamos. Hemos creado registros. Tenemos consejos comunales, tenemos comunas. Cumplimos con los arrimes e igualmente el gobierno las veces que quiere venir, viene, nos atropellan, nos queman nuestras casas y no hay nadie que nos defienda. Dónde está la promesa que nos hiciste (le pregunta a Maduro), dónde están los derechos humanos para nosotros”, cuestionó una mujer de la población minera de Bochinche.
“Cada vez que hay incursiones militares en las minas, hay violaciones a los derechos humanos fundamentales y violación del derecho al trabajo. Queman las casas de los mineros, les destruyen sus herramientas de trabajo, se les expropia el producto de su trabajo y también se forjan expedientes judiciales”, aseveraron.
Operación
Fuentes militares afirmaron que durante la Operación Autana desmantelaron instalaciones logísticas en las cuales, según los informantes, explotaban a personas con trabajo forzado. También afirmaron que han liberado a quienes estaban secuestrados y han destruido pistas clandestinas.
Señalaron que los “grupos Tancol estuvieron obligando a las personas a manifestar contra la Fanb”.
