FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images
Tamara Taraciuk explicó por qué la responsabilidad internacional es clave para crear incentivos para una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela.
Por lapatilla.com
Recientemente en su artículo de americasquarterly.org, Tamara Taraciuk probó una experiencia de realidad virtual de activistas venezolanos que recrearon una celda en el Helicoide, el notorio centro de detención en Caracas operado por los servicios de inteligencia locales. Entras en una celda pequeña y oscura, escuchas moscas y escuchas narraciones de los abusos que sufrieron las personas allí, en sus propias voces. Fue un duro recordatorio de los muchos relatos que he recopilado a lo largo de los años de víctimas de arrestos arbitrarios y torturas de agentes de seguridad venezolanos.
Latin American governments should lead efforts to renew the UN Fact-Finding Mission on Venezuela
My @AmerQuarterly piece explains why international accountability is key to create incentives for a negotiated solution to restore democracyhttps://t.co/QJtlzoWo9z#QueSigaLaMisión pic.twitter.com/lTYcNJK5cI
— Tamara Taraciuk Broner (@TamaraTaraciuk) August 25, 2022
Lamentablemente, sus experiencias están lejos de ser virtuales, y no se equivoquen, continúan hoy.
Varios políticos de América Latina, especialmente algunos de la izquierda ideológica, han afirmado recientemente que la situación de los derechos humanos en Venezuela está mejorando. Pero en realidad, continúa la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia , sin justicia para las víctimas. Ahora no es el momento de que la comunidad internacional reduzca el escrutinio del gobierno de Maduro. De hecho, varios eventos próximos, incluida una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hacen que la presión externa sea más importante que nunca.
La organización venezolana Foro Penal contabiliza hoy 245 presos políticos , muchos en centros de detención como el Helicoide. Los detenidos han sufrido horrendas torturas , que incluyen descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual.
En un informe reciente , la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, describió los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las operaciones de seguridad. En Human Rights Watch, encontramos que los propios datos del gobierno revelan que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019. Muchas fueron registradas como resultado de “resistencia a la autoridad”, pero descubrimos que muchas fueron ejecuciones extrajudiciales. El equipo de Bachelet, que tiene presencia en Venezuela, perdió recientemente el acceso al Helicoide.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas continúan hostigando y enjuiciando a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para abordar las emergencias humanitarias y de derechos humanos . En un ejemplo, después de que Javier Tarazona , un defensor de derechos humanos de la organización no gubernamental Fundaredes, expusiera los vínculos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, las autoridades lo detuvieron arbitrariamente en julio de 2021. Sigue en prisión.
Las autoridades venezolanas han fallado repetidamente en proteger a las poblaciones indígenas de la violencia, el trabajo forzado y la explotación sexual en el contexto de operaciones mineras ilegales a gran escala. Human Rights Watch ha documentado terribles abusos —amputaciones, tiroteos y asesinatos— por parte de grupos que controlan las minas de oro ilegales en el sur de Venezuela. En las selvas del Orinoco y el Amazonas, dicha minería ha llevado a la deforestación y la contaminación de las aguas . Varios indígenas han sido asesinados en los últimos meses, informan organizaciones de derechos humanos, incluido Virgilio Trujillo , un líder indígena que se opuso a la minería ilegal.
La impunidad es la norma, a pesar de las convincentes evidencias de abusos generalizados. Los cambios recientes en el sistema de justicia de Venezuela pueden estar debilitándolo aún más. El proceso para seleccionar nuevos jueces para la Corte Suprema, que desempeña un papel fundamental en el nombramiento y destitución de jueces de tribunales inferiores, no fue independiente, y los jueces que no habían actuado como control del poder ejecutivo fueron reelegidos.
escrutinio internacional
Dada la falta de independencia judicial, la responsabilidad internacional sigue siendo tan importante como siempre. Un acontecimiento importante fue la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en noviembre pasado, de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por primera vez, las víctimas pudieron ver progresos para que sus abusadores rindieran cuentas por sus delitos. No es sorprendente que las autoridades venezolanas le pidieran que pospusiera su investigación, alegando “voluntad genuina” de investigar los abusos ellos mismos. Pero el fiscal quiere rechazar la solicitud y seguir adelante con su investigación.
La decisión del fiscal siguió a un fuerte informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM), designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019. En dos informes condenatorios, concluyeron que había motivos suficientes para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad . cometidos y que el sistema de justicia había servido como mecanismo de represión, en lugar de garante de derechos. La misión implicó a altas autoridades, incluido el propio Nicolás Maduro.
Los expertos de la misión presentarán su tercer informe en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 12 de septiembre. Este será su informe final, a menos que el consejo extienda el mandato con una mayoría de votos.
Las autoridades venezolanas han emprendido una estrategia de compromiso aparente, pero no genuino, con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, como lo hicieron durante la renovación del mandato anterior, intentando demostrar que la misión es innecesaria. No deberían salirse con la suya.
Grupos venezolanos e internacionales de derechos humanos abogan por la prórroga. Para su creación y primera renovación, un grupo de países latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, junto con Canadá, tomaron la iniciativa.
Deberían repetir su liderazgo porque las autoridades venezolanas solo cederán terreno si persiste el escrutinio internacional. La renovación del mandato de la misión permitirá a los expertos continuar con un trabajo crucial, complementando el trabajo de la CPI y otros mecanismos internacionales.
La Alta Comisionada de la ONU, Bachelet, tiene un equipo que monitorea e informa sobre violaciones de derechos humanos y brinda asistencia técnica a las autoridades venezolanas, pero no recopila ni conserva evidencia para los procesos de rendición de cuentas, como lo hace la misión.
Las pruebas recopiladas por la misión también podrían ayudar a la CPI, que puede establecer la responsabilidad penal individual por delitos atroces, pero generalmente solo en un pequeño número de casos debido a limitaciones de recursos. Pero el lente de la misión también es más amplio que el de la CPI, enfocándose en problemas estructurales. Y aunque la investigación de la CPI podría llevar años, la misión informa anualmente sobre violaciones de derechos.
Las elecciones presidenciales venezolanas están programadas para 2024, las elecciones legislativas y regionales para 2025, y si el pasado sirve de indicador, la represión podría aumentar a medida que avanza la temporada de campaña. La misión puede desempeñar un papel esencial de alerta temprana y evitar nuevas restricciones en el espacio cívico, la libertad de expresión o asociación y la represión de la disidencia.
La resistencia de algunos gobiernos latinoamericanos a liderar los esfuerzos para la renovación de la misión parece basarse en una premisa falsa de que hacerlo socavaría los intentos de relacionarse con las autoridades venezolanas. Sin embargo, históricamente, esas autoridades no han hecho concesiones voluntariamente para proteger los derechos de los venezolanos. No hay razón para pensar que eso cambiará. Ninguna solución negociada para la transición de regreso a la democracia es posible sin incentivos, y la presión internacional y la rendición de cuentas son esenciales para crearlos.
Los líderes latinoamericanos que están comprometidos con la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, independientemente de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deben unirse en apoyo de una resolución para renovar el mandato de la misión. Deben predicar con el ejemplo y luego instar a todos los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que lo apoyen.