Desde la llegada del chavismo al poder, los ciudadanos del estado Vargas han sufrido innumerables violaciones de sus derechos fundamentales: suministro insuficiente de agua potable y de energía eléctrica, hospitales en condiciones infrahumanas, limitaciones para el disfrute de sus libertades… y a esto se le suma el cambio de nombre del estado, que sin duda alguna, acabó con lo poco que quedaba del Estado de derecho en la entidad.
Por Ana Guaita Barreto y Daniel Mendez Chacón / lapatilla.com
En el mes de junio del año 2019, el Consejo Legislativo del Estado Vargas (Clev) usurpó las atribuciones de la legítima Asamblea Nacional al llevar a cabo una modificación a la Constitución regional para cambiar el nombre del territorio varguense.
Ante esta nueva violación de las Leyes venezolanas por parte del régimen de Nicolás Maduro, el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta aclaró por qué este cambio de nombre es nulo y por qué el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas.
Vargas sigue siendo Vargas
Conforme al artículo 2 de la Constitución, Venezuela es un Estado de derecho y para cambiar el nombre del estado Vargas, “se necesita hacerlo conforme a las Leyes del país”, afirmó Urdaneta.
De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, la administración pública está sometida a la Ley y al derecho, “entonces si logramos demostrar que el cambio de la Constitución del estado no se hizo conforme a la Ley y al derecho, el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas“, señaló.
En su exposición, Urdaneta recordó el procedimiento que se siguió para elevar de Departamento a Estado el territorio varguense, el cual dependía del área metropolitana de la ciudad de Caracas.
Dentro de dicha explicación, detalló que en su momento, existía una dificultad legal plasmada en la Constitución del año 1961, donde se establecía que para crear un Estado, debía crearse previamente un territorio.
Es decir, había que separar previamente al Municipio del Área Metropolitana “y así se hizo”, resaltó.
“Hubo una ley orgánica previa que creó el territorio Vargas y posterior a eso, conforme a la Constitución, ese territorio se elevó a Estado”, explicó el profesional del derecho.
Urdaneta manifestó que en este caso hay dos leyes aplicadas: la Ley orgánica que creó el territorio federal Vargas y posteriormente hay una Ley especial, la cual elevó el territorio de Vargas a Estado. “Ambas son Leyes nacionales“, enfatizó.
Procedimiento viciado y nulo
Para afirmar y ratificar que al estado Vargas legalmente no se le ha cambiado el nombre, el jurista recordó que el Consejo Legislativo del Estado Vargas no tenía competencia para derogar y desaplicar una Ley nacional.
La Pirámide de Kelsen habla del orden jerárquico de las normas.
“¿Cómo una Ley estadal va a modificar una Ley nacional?”, se preguntó el abogado.
“Eso no es posible en un Estado de Derecho. En un estado de arbitrariedad eso puede pasar, pero aquí tenemos que cuestionar si lo que impera en Venezuela es un Estado de Derecho, como lo dice el artículo 2 y el artículo 140 de la Constitución, o si existe un estado de arbitrariedad donde predomina el abuso, el atropello y el desconocimiento del estado de derecho”, manifestó.
El artículo 138 de la Constitución señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, es decir, que si el Consejo Legislativo Estadal usurpó las atribuciones de la Asamblea Nacional, el acto legislativo de modificación de la Constitución regional no surte ningún efecto, por tanto, el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas.
Urdaneta expuso que la reforma de la Constitución del Estado Vargas tiene una apariencia de legalidad por su publicación en Gaceta Oficial, “pero la apariencia no la hace legal y eso hay que entenderlo”, sostuvo.
Otro argumento que fundamenta la ilegalidad del cambio de nombre del estado Vargas se encuentra en la Ley de Geografía y Cartografía de Venezuela, la cual detalla en su artículo 16 que los topónimos o nombres de un lugar forman parte de acervo histórico de la ciudad, pero además dice que forman parte del patrimonio de la comunidad.
“Para cambiar algo que forme parte del acervo histórico y del patrimonio de una comunidad, tiene que convocarse a un referendo consultivo a los ciudadanos y eso no se hizo”, declaró el abogado.
Es decir, que el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas hasta tanto no se haga un referendo consultivo que apruebe que los ciudadanos del estado están de acuerdo con el cambio de nombre.
Urdaneta aseguró que al hacer este cambio sin previa consulta popular, el régimen de Maduro violó el derecho a la participación protagónica de los ciudadanos, el cual se encuentra reflejado en el Título V de la Constitución venezolana: De los Derechos Fundamentales.
Violación tras violación
En la exposición de motivos de reforma a la Constitución del estado, el régimen afirma que el cambio de nombre se hace “para preservar la identidad de los guaireños”, sin embargo no se convocó a un referendo a los varguenses para conocer su opinión, sino que, según el chavismo, el Clev “consultó” a una asamblea de ciudadanos… ejecutando así una nueva violación a las normas.
El artículo 137 de la Ley Orgánica de la Administración Pública explica que en medio de la aprobación de una Ley, la consulta debe ser realizada por el Gobernador del Estado y en este caso, la hizo (clandestinamente) el Clev.
Por otra parte, el mismo artículo señala que si una actuación se lleva a cabo de la forma en la que el chavismo la hizo, es nula, pues el procedimiento está viciado desde el origen, lo cual es otro argumento para mantener la postura de que el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas.
Urdaneta llamó a los ciudadanos del estado Vargas a ejercer un acto de rebeldía “porque la forma en la que hizo el cambio de nombre del estado es ilegal, es nula”, puntualizó.
Vargas, el reflejo de toda Venezuela
A juicio del abogado, el cambio de nombre de la entidad varguense es un problema de todos los venezolanos porque erosiona el Estado de derecho establecido en el artículo 2 de la Constitución “y eso le afecta y obliga a defender a todos los venezolanos”.
“Asumir que el cambio de nombre es solo un problema de los varguenses es reducir el asunto. El cambio de nombre de una entidad territorial no es un tema únicamente de esa comunidad”, destacó.
El artículo 350 de la Constitución habla de que los ciudadanos podrán desconocer cualquier legislación que viole sus derechos. “Aquí se violó el derecho a la participación de los ciudadanos del estado Vargas, el cual es un derecho fundamental”, subrayó Urdaneta.
El abogado hizo un llamado a los ciudadanos de la entidad a que proclamen que el estado Vargas se sigue llamando estado Vargas porque se les violó el derecho a opinar sobre el cambio de un aspecto que forma parte de su activo histórico y su patrimonio como es su nombre.
“Esto es grave y no es un tema del estado Vargas. Es un tema de todo el país. Se está erosionando y corroyendo el Estado de Derecho del sistema republicano que tiene Venezuela“, finalizó.