La izquierda radical –esa que espera cambiar de forma intempestiva el modelo económico y social, la historia, las costumbres, las tradiciones y hasta los gustos de los países- creyó que el triunfo del joven Gabriel Boric la habilitada para pasar por encima de la Constitución aprobada en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet. No tuvo en cuenta que esa Carta Magna –a pesar de sus defectos, especialmente su sesgo militarista- había servido desde 1990 –cuando asume la presidencia de la República Patricio Aylwin, primer mandatario electo democráticamente después de la salida del autócrata- para facilitar el tránsito de la dictadura a la democracia. A partir de entonces se alternaron gobiernos socialdemócratas y liberales que se esforzaron, cada uno con su estilo, por superar el autoritarismo y la exclusión de la era pinochetista.
La equivocación llevó a esa izquierda a sobreestimar su capacidad de convocatoria. Por eso perdió de forma categórica el referendo aprobatorio. El resultado no significó la victoria o la reivindicación de Pinochet, como afirmó Gustavo Petro en un desafortunado comentario, sino el triunfo de la moderación democrática del pueblo chileno. Esta acertada interpretación fue expuesta por Gabriel Boric en el discurso pronunciado instantes después de conocerse los resultados oficiales de la consulta. El presidente chileno admitió la derrota de la propuesta que él había defendido (por cierto, con muchas y razonadas reservas cuando los artículos fueron aprobándose en el Congreso), reconociendo que los votantes habían acudido de forma masiva y pacífica a las urnas, que la participación había sido la más alta en la historia del país (más de 80% de los votantes) y que se había demostrado la fortaleza institucional. En sus palabras no se notaron rastros de resentimiento ni deseos de revancha. Se comportó como el Presidente de todos los chilenos, no de la parcialidad que había promovido la aprobación del proyecto.
Seguramente un alto porcentaje de quienes rechazaron la propuesta están de acuerdo con introducir cambios constitucionales que conviertan a Chile en una nación más inclusiva, equitativa, democrática, igualitaria, plural y diversa, donde la presencia de los militares sea menos decisiva. Esa era la intención cuando en 2020 aprobaron por amplia mayoría convocar la Convención Constitucional. Estos logros se inscriben en las tendencias dominantes de las democracias contemporáneas. Representan las nuevas conquistas civilizatorias que les permiten a los países organizarse de manera más armónica. Sin embargo, luego de la experiencia venezolana, los pueblos están alertas frente a las visiones tremendistas que pretenden ‘refundar’ las naciones, rompiendo de forma abrupta con el pasado. Las constituyentes han servido en América Latina como Caballos de Troya, no tanto para incorporar transformaciones democráticas, para introducir la reelección indefinida, el sometimiento del Poder Judicial, la anulación del Poder Legislativo, la militarización, la asfixia de las organizaciones de la sociedad civil, el aniquilamiento de los partidos opositores, de los sindicatos y federación independientes.
También, las constituyentes han sido utilizadas por los radicales para definir ‘Estados de bienestar’ en lo que se reconocen formalmente un amplio conjunto de derechos sociales y laborales, que luego resulta imposible satisfacer porque las mismas Constituciones introducen factores que desincentivan la producción y el trabajo, limitan la propiedad privada y la economía de mercado, castigan a los empresarios y, en general, a los emprendedores. Crean esquemas que combinan el estatismo con el populismo dando como resultado con coctel mortal que lesiona gravemente la generación de riqueza nacional, única fuente a partir de la cual puede prosperar una sociedad y mejorar la calidad de vida de una nación.
El texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional –un documento largo y farragoso de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias, redactado con un lenguaje pretendidamente ‘inclusivo’- fue ampliamente divulgado y discutido en Chile luego de ser conocido el borrador definitivo en julio pasado, pero sus promotores no lograron convencer al electorado que lo respaldara. Tesis como la plurinacionalidad espantaron a los votantes.
Para evitar que las brechas se abran más tornándose en insalvables, ahora les corresponde a los dirigentes de ambos frentes dialogar y negociar para ver cómo se introducen los cambios que la Constitución de 1980 requiere, con el fin de que Chile supere el pinochetismo, sin regresar a una visión remozada de lo que fue la amarga etapa en la que gobernó Salvador Allende. El acuerdo entre esos dos bloques resulta esencial. Al conjunto de fuerzas ganadoras no le conviene ignorar al sector minoritario. Este grupo, aunque más más reducido, posee una amplia capacidad de agitación y desestabilización. Es mejor incorporarlo como fuerza de cambio para promover las reformas graduales que la nación requiere, que tenerlos como enemigos enconados.
Hasta ahora Gabriel Boric ha demostrado aplomo y sensatez. Convocó a dialogar a los triunfadores y a los derrotados. Ha sabido interpretar el descalabro sin rencor ni odio. La clase política y todos los demás factores de la sociedad chilena necesitan entender que se trata de una victoria de la democracia, de la moderación y de la progresividad, no del atraso. No hay espacio para soberbia. Ahora es el momento de promover en conjunto los cambios que permitan construir un Chile mejor.
@trinomarquezc