El Gobierno de Filipinas ha solicitado este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que rechace la petición de su fiscal de reanudar las investigaciones sobre los supuestos crímenes cometidos en el país durante la llamada guerra contra las drogas, que fueron suspendidas temporalmente en noviembre de 2021.
“El Gobierno de Filipinas pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI negar la solicitud de la Oficina del Fiscal de retomar su investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Filipinas en el contexto de la llamada Guerra contra las Drogas”, señaló en un comunicado el procurador general filipino, Menardo Guevarra.
Según consideró Guevarra, el pedido debería ser negado debido a que la Corte Penal Internacional no tiene “jurisdicción sobre la situación en Filipinas” y al hecho de que ya existe una investigación local en marcha para verificar los casos presentados ante la CPI.
Asimismo, señaló que las investigaciones a nivel estatal llevadas a cabo por las autoridades filipinas deberían tener “prioridad” y agregó que un “informe sobre el progreso” de las pesquisas locales fue incluido en el documento remitido a la Corte.
“Bajo el principio de complementariedad, los procedimientos de investigación a nivel estatal deben tener prioridad, lo que hace que la reanudación de la investigación de la Fiscalía (de la CPI) sobre la situación de Filipinas sea injustificada”, recalcó el comunicado.
El pedido del Gobierno filipino llega en el último día establecido por la Corte para que se manifestara sobre la petición del fiscal de la CPI, Karim Khan, para continuar con la investigación sobre la guerra antidrogas llevada a cabo por el Gobierno del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).
Asimismo, confirma los pronósticos de que el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien asumió el poder el pasado junio, no facilitará la labor de la justicia internacional en el país.
En agosto, Marcos Jr. ya había anunciado que “no tiene intención” de reincorporar a Filipinas a la CPI, después de que su predecesor Duterte sacara al país oficialmente de la Corte en 2019, tras el anuncio del inicio de los “análisis preliminares” para determinar si investigaba los posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante su Gobierno.
Según los cálculos de diversas oenegés, la “operación de limpieza” ordenada por Duterte segó la vida de unas 27.000 personas en el marco de las sangrientas redadas policiales antidrogas, aunque la Policía filipina reconoce solo 6.200 muertes.
Pese a que Filipinas ya no forma parte de la CPI, el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad siempre que el país investigado formara parte de la corte cuando los hechos acaecieron, como sucede en este caso.
EFE