El actual éxodo migratorio cubano no es uno más de los que cíclicamente han sacudido la isla. En los últimos 11 meses, cerca de 180.000 cubanos han entrado ilegalmente a territorio estadounidense por la frontera mexicana, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Otros 8.000 lo han intentado por vía marítima: entre estos, 5.421 balseros fueron interceptados mientras cruzaban el estrecho de Florida en frágiles embarcaciones. Se trata de la mayor ola migratoria desde el triunfo de la revolución castrista, y supera ya las cifras de los dos últimos grandes éxodos juntos, el del Mariel, en 1980, cuando 125.000 personas entraron a EE UU en seis meses, y la crisis de los balseros, cuando 35.000 cubanos se lanzaron al mar en 1994.
Las causas tienen que ver con el grave deterioro de las condiciones de vida que sufre la población desde hace años, y también con la falta de perspectivas de futuro. Los cubanos llevan demasiado tiempo entrampados en un sistema centralizado, estatista e ineficiente, incapaz de garantizar el progreso del país y de las personas. Esto, unido a la falta de mecanismos de participación real de la gente en la toma de decisiones políticas y a la ausencia de espacios democráticos para criticar al Gobierno, resulta una ecuación letal.
Para salir de la crisis, destacados economistas cubanos han recomendado al Gobierno que implemente reformas que sirvan para liberar las fuerzas productivas, favorecer la iniciativa privada y estimular decididamente la inversión extranjera. Pero el Ejecutivo, en vez de inspirarse en modelos como el chino o el vietnamita, actúa de forma lenta y temerosa, apostando por resucitar la ineficiente empresa estatal y tratando de mantener su omnipresencia en la sociedad. Las medidas liberalizadoras se han introducido a cuentagotas. Como el problema es estructural, ya no es tiempo de poner parches y realizar reformas cosméticas.
Las penurias económicas, los apagones inmisericordes —de hasta 12 horas al día, y más—, la inflación desbocada, la escasez de artículos de primera necesidad y de medicinas, o el deterioro de los servicios de salud tienen a la población cubana agotada. Muestra de ello fueron las históricas protestas del 11 de julio del año pasado: no es de extrañar, pues, que decenas de miles de personas quieran abandonar el país.
El Gobierno acusa a EE UU de exacerbar este flujo ilegal con el mantenimiento del embargo económico y por favorecer leyes que benefician a los emigrantes de la isla. Una política como la del expresidente Barack Obama, que promovió el acercamiento y el intercambio entre ambos países, contribuiría a la solución de la actual crisis. Pero no hay que engañarse, pese o precisamente por las condiciones adversas, es el Gobierno cubano el responsable de realizar los cambios de calado necesarios que permitan al país salir del agujero económico y dar esperanzas a su población para que no se siga desangrando la nación.