Luisa Parra es médica y trabajó durante 25 años para el Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), ente adscrito a la Gobernación de Carabobo. Durante sus años de servicio, nunca imaginó que su jubilación estaría marcada por la precariedad y la angustia por cubrir sus necesidades básicas.
Corresponsalía lapatilla.com
Con pancarta en mano, Parra fue una de las decenas de personas que marcharon este jueves desde la avenida Bolívar de Valencia, a la altura del rectorado de la Universidad de Carabobo, hasta la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” para consignar un documento en el que exigen pensiones dignas.
A juicio de Parra, el régimen de Nicolás Maduro mantiene una política de injusticia e irrespeto contra los jubilados y pensionados.
Comentó indignada que, en ocasiones, depende de donaciones para comer. La dieta balanceada quedó en el olvido: a veces come una vez al día solo carbohidratos, sin proteínas.
“El Gobierno nos aplica una política de exterminio, de odio contra los jubilados que dimos todo por nuestro país. Nosotros soñamos con una jubilación digna. Yo nunca imaginé que iba a vivir en esta mendicidad, con este Gobierno que somete al hambre al trabajador y a los jubilados, no nos merecemos vivir en la mendicidad, pidiendo ayuda para comer”, expresó.
En la protesta se dieron cita pensionados y jubilados del sector salud, enfermería, educación, universitario, entre otros, que coreaban consignas como “sube la leche, sube la carne y este Gobierno nos mata de hambre”.
La presidenta del Colegio de Profesores de Carabobo, Saida Silva, lamentó que los docentes jubilados no cuenten con seguridad social.
“No tenemos servicio funerario ni ningún otro aporte, solo los 130 bolívares que no alcanzan ni para los pasajes. Es una falta de respeto, un abuso. Estamos desprotegidos, desamparados, no hay seguro, no hay HCM, no hay nada que nos ayude. Nos ayuda Dios, pero el Gobierno tiene que responder por los jubilados y pensionados del país“, manifestó.
Por su parte, José Rivero, miembro de la coordinación nacional de jubilados y pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad en Carabobo y representante del comité de defensa de DDHH en Fetracarabobo, ratificó que exigen el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece que los trabajadores deben tener un salario digno que les permita cubrir la canasta alimentaria familiar.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta alimentaria en agosto de 2022 se ubicó en 371 dólares, mostrando un aumento de 21,66% respecto al año anterior.
Los trabajadores también solicitaron a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una reunión para exponerle la situación por la que atraviesan los jubilados y pensionados de la administración pública.