Hacinamiento, colchones en el piso y un solo baño. Esas son las condiciones en las que vivían los internos en al menos una de las comunidades terapéuticas de “La Razón de Vivir”. Así lo revelaron fuentes oficiales a Clarín, en medio de la investigación judicial y el revuelo mediático que desató la causa por la cual fue detenido el conductor Marcelo “Teto” Medina, además de otras 16 personas acusadas de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Las instalaciones donde se alojaban los pacientes en el centro ubicado en Florencio Varela, uno de los que fueron allanados, presentaban condiciones deplorables, descuidadas y venidas abajo.
“Estaban hacinados. Contaban con un solo baño, el agua caliente para ducharse no duraba más de un minuto y había colchones en el piso, pegados uno al lado del otro. Incluso, dormían dos personas en uno”, señalaron fuentes oficiales a Clarín.
arte de la comida que consumían los internos estaba en estado de putrefacción. La infraestructura edilicia estaba descuidada y los pacientes tenían la ropa sucia.
“No tenían asistencia psicológica ni ningún tipo de archivo para identificarlos. A muchos, les sacaban el DNI cuando ingresaban a la clínica de rehabilitación dirigida por Néstor Zelaya”, confirmó una fuente de la investigación.
Cuando era adolescente, “A.” comenzó a consumir distintos tipos de drogas. Se convirtió en un adicto. Su madre decidió pedir ayuda. Por medio de Facebook se contactó con el centro de recuperación terapéutica La Razón de Vivir. Le dijeron que por un costo de 30.000 pesos mensuales, su hijo podía comenzar el tratamiento. Lo hizo en la denominada Quinta 2, en Florencio Varela.
Pero, pronto, todo se convirtió en una pesadilla: lo hicieron realizar trabajos de albañilería de sol a sombra, sin pagarle un solo peso como retribución; le prohibieron comunicarse con su familia por un tiempo; fue insultado en varias oportunidades y lo obligaron a hacer guardias nocturnas para vigilar que otros internos no se escaparan.
La explotación laboral de A. comenzó cuando Néstor Zelaya, señalado como líder de la organización bajo sospecha, se enteró de que era albañil.
“Zelaya comenzó a indicarle a A. que trabaje construyendo distintas obras. Lo primero que hizo fue terminar cuatro habitaciones: se encargó del revoque, el contrapiso, la carpeta y las aberturas. Tenía la ayuda de otros internos de la quinta. La jornada comenzaba a la mañana y termina a las 19. Luego construyó una oficina completa. Nunca le pagaron por su trabajo, le decían que todo era parte del tratamiento”, según pudieron reconstruir los investigadores.
“Para simular y hacerle creer a los familiares que los pacientes estaban bien, Zelaya designó a una persona, a la que las víctimas conocieron como Nico, para que les sacara fotos y las subiera a un grupo de WhatsApp. Era una simulación. Las familias de A. y de los dos otros jóvenes nunca se enteraron de que eran explotados”, dijeron fuentes judiciales.
La pesadilla para A. terminó cuando logró escaparse y su madre le compró un pasaje en ómnibus para que volviera a Buenos Aires. Contó con la ayuda de un sacerdote, conocido como Quique.
Castigos y vigilancia
La organización había establecido un protocolo de presiones para evitar que los pacientes “abandonaran” el “tratamiento”. Al menos dos de los acusados asumieron alternativamente el papel de fiscal o defensora oficial bonaerense y les decían a las víctimas que podía conseguirles una probation en procesos en su contra (que eran falsos) si se sometían al control y a los designios de los líderes de la organización. En las denuncias también consta
En su declaración testimonial, A. relató un sistema de castigos que había en La Razón de Vivir. En ocasiones lo insultaban y lo obligaban a hacer guardia toda la noche, sin dormir, para controlar que sus compañeros no se escaparan de la quinta de rehabilitación.
“Todas las tareas diarias debían hacerlas los pacientes. No había ningún tipo de tratamiento contra las adicciones con psicólogos o terapeutas. Solo se trabajaba para servir a los directores o coordinadores. También los hacían mendigar en las iglesias”, según la declaración de A. incorporada al expediente judicial.
Afirmaron que en ocasiones eran obligados a dormir a la intemperie y al acecho de roedores, y que los privaban de atención médica básica y de los medicamentos que tenían prescriptos. En definitiva, sostuvieron que los organizadores los sometieron “a su dominio absoluto de forma física y psicológica”, para lo cual se aplicaba “un sistema de castigos si se resistían”, que consistía en:
-Prohibición de contacto y comunicación con la familia
-Prohibición de dormir, privación de alimentos y/o bebidas y/o suspensión de los pocos momentos libres
-Manipulación psicológica y simbólica consistente en generar temor de recaer en la adicción si escapaban, para lograr una dependencia hacia los líderes de la organización y sus falsas promesas.
-Aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad económica, social y de adicción.
-Ejercicio de violencia psicológica con insultos, humillaciones y careos públicos y violencia simbólica en los discursos a escala comunitaria, para anular el consentimiento de las víctimas y fortalecer la dependencia.
-Golpes a las víctimas que expresaban un pensamiento contrario al discurso de los directores
-Suministro forzoso y secreto de drogas y medicamentos sin prescripción, mezclados en las bebidas, para inducir de forma farmacológica su sumisión.