Era lunes por la tarde. La avenida Cisneros en San Félix tenía su ritmo habitual. Carros y gandolas iban y venían. Los vendedores informales cruzaban de un lado a otro. A unos 300 metros aproximadamente de la parada de los pobres, diagonal a la entrada a la ruta II de Vista al Sol, el ritmo habitual cambió.
Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com
Tres convoyes militares iban en fila. Dentro estaban funcionarios castrenses, policías del Estado Bolívar (PEB) y miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Algunos llevaban los fusiles en las manos, pero la mayoría iba con calor y cara de cansancio. Delante de ellos, una camioneta Hilux, que cargaba en la parte de atrás una lona que impedía ver lo que llevaba consigo.
Su destino: el sur del estado Bolívar. Horas después se confirmó cuál era su ruta y su misión, pero no fue por una fuente oficial, sino por la gente, que una vez más, denunció atropellos, maltratos y robos por parte de los funcionarios.
“El lunes 17 de octubre se empezaron a concentrar en la Brigada de Guasipati al sur del estado Bolívar, unos mil funcionarios para luego ingresar hasta la mina de Sierra Imataca en el municipio Sifontes”, explicó uno de los habitantes de la población minera.
“Están atropellando a la población minera, quemándoles las cosas personales y equipos de trabajo. No están respetando ni siquiera a la figura del consejo comunal, que está legalmente constituido”.
Desalojos
Los afectados señalaron que las operaciones se intensificaron el miércoles 19 de octubre y que las comisiones solicitaron a la población y al consejo comunal rural Imataca-La Sierra, desalojar la zona. “Todo esto aplicando medidas de coacción. Quemando las pertenencias”.
El Movimiento en Vanguardia Estratégico Agrominero señaló que en menos de tres meses fueron afectados por un operativo similar en el que explotaron las maquinarias, destruyeron la pista de aterrizaje de las aeronaves, quemaron las casas y los negocios de las familias mineras. Unas 250 familias fueron perjudicadas.
“Solicitamos el cese de las hostilidades militares e invitamos a las autoridades a establecer una mesa de diálogo para la paz y el trabajo en las minas. Somos los que sostenemos la economía al sur del estado Bolívar y hacemos aportes a la economía nacional”, recalcaron.
Segundo operativo en dos meses
El operativo al que hace referencia el Movimiento en Vanguardia Estratégico Agrominero fue entre el 14 y 18 de agosto de este año. La acción militar se extendió por más de tres días en varias minas del municipio Sifontes. Llevó por nombre: Operación Autana 2022 y tuvo como supuesto objetivo “la localización, neutralización y erradicación de grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol) y cualquier elemento que pretenda implantar su cultura de terror en la entidad, todo esto dando cumplimiento a las órdenes emanadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
Aunque la operación fue anunciada con bombos y platillos, generó incomodidad entre la población minera, que denunció su desplazamiento forzado por parte de los militares, así como la destrucción de sus viviendas, los equipos de minería, entre otras cosas.
Fuentes militares afirmaron que durante la Operación Autana desmantelaron instalaciones logísticas en las cuales, según los informantes, explotaban a personas con trabajo forzado. También afirmaron que habían liberado a quienes estaban secuestrados y destruyeron pistas clandestinas. Señalaron que los “grupos Tancol estuvieron obligando a las personas a manifestar contra la Fanb”.
Pero dos meses después, la población minera vivió otra incursión militar.
Hora cero
Este viernes 21 de octubre, los comerciantes de Tumeremo publicaron un comunicado en el que informaron que “solidarios con nuestro pueblo minero, acordamos iniciar hora cero”.
El documento señala que “nosotros, comerciantes de Tumeremo, Sifontes del estado Bolívar, solidarios con nuestro pueblo minero, que es motor de la economía, no solo del municipio sino de la región, y sustento de miles de familias, acordamos a partir de este jueves 20 de octubre iniciar una hora cero, como protesta pacífica ante los abusos y atropellos por parte de los funcionarios del Ejército en contra de la población minera de Imataca”.
“Queremos hacer saber ante la opinión pública de nuestro municipio Sifontes, que los comerciantes de Tumeremo somos gente trabajadora, pujante que colocamos nuestro grano de arena por el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro mayor anhelo es la paz y estabilidad de las familias sifonteñas”, sumaron.
Sostuvieron que “ante los graves atropellos, abusos y denuncias por parte de la población minera de Imataca sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, nosotros nos hacemos solidarios e iniciamos esta hora cero a manera de protesta pacífica ante estos hechos que no deben ser el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), cuya razón ética y constitucional principal debe ser la de defender a su pueblo y a la soberanía nacional, no atropellar y vejar a personas de bien que desde épocas inmemoriales, han trabajado la minería”.
Hasta ahora el silencio se ha apoderado de las fuentes oficiales, tanto militares como regionales. Mientras, el pueblo minero del municipio Sifontes solo pide el cese de las operaciones militares.