El gobierno de Biden está aumentando la presión sobre el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, prohibiendo a los estadounidenses hacer negocios en la industria aurífera del país, amenazando con restricciones comerciales y despojando de las visas estadounidenses a unos 500 miembros del gobierno, según funcionarios estadounidenses.
Por Josh Goodman / apnews.com
Traducción libre del inglés al español / por lapatilla.com
Las acciones son el intento más reciente y quizás el más agresivo de EE. UU. de responsabilizar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques a los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano, así como por su continua cooperación en materia de seguridad con Rusia.
Las rondas anteriores de sanciones se han centrado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y miembros de su familia y círculo íntimo. Pero ninguno de esos movimientos ha logrado aflojar el control del poder de Ortega. El último objetivo del gobierno de Ortega: la Iglesia Católica Romana. En agosto, la seguridad allanó la residencia de un obispo , deteniéndolo junto con varios otros clérigos.
La nueva orden ejecutiva que firmará el presidente Joe Biden amplía en gran medida un decreto de la era Trump que declara que el secuestro de las normas democráticas por parte de Ortega, el socavamiento del estado de derecho y el uso de la violencia política contra los opositores son una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., según funcionarios estadounidenses.
Junto con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la orden declara ilegal que los estadounidenses hagan negocios con la industria del oro de Nicaragua. Es la primera vez que EE. UU. ha identificado un sector específico de la economía como prohibido y puede expandirse en el futuro para incluir otras industrias que se cree que financian el gobierno de Ortega, dijeron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato porque las acciones no han sido confirmadas. Anunciado.
La orden ejecutiva también allana el camino para que EE. UU. restrinja las inversiones y el comercio con Nicaragua, una medida que recuerda el castigo impuesto por EE. UU. en la década de 1980 durante el primer mandato de Ortega como presidente luego de la sangrienta guerra civil del país.
La acción del lunes podría señalar el comienzo de una nueva ofensiva dirigida a la economía en general, algo que la administración de Biden se ha mostrado renuente a emprender por temor a aumentar las dificultades del país y desencadenar más migración . En lo que va del año, los agentes fronterizos estadounidenses se han encontrado con nicaragüenses 134.000 veces en la frontera suroeste, casi el triple del nivel de todo 2021.
Al mismo tiempo, las frustraciones se han ido acumulando en Washington por la forma en que las élites económicas de Nicaragua han permanecido mayormente en silencio en medio de la represión de Ortega.
El objetivo de la administración Biden de la industria del oro podría quitarle al gobierno de Ortega una de sus mayores fuentes de ingresos. El oro fue la mayor exportación del país en 2020 y el país, que ya es el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, busca duplicar la producción en los próximos cinco años.
Entre los inversionistas extranjeros activos en el país se encuentra Condor Gold , cuyo director ejecutivo, Mark Child, apareció en una foto con el líder nicaragüense en una presentación para inversionistas preparada por la empresa con sede en el Reino Unido en septiembre.
“Él básicamente apoya totalmente el proyecto”, dijo Child en una entrevista en marzo luego de una reunión de 90 minutos con Ortega. “Esa reunión… básicamente da una importante luz verde para la construcción de la financiación del proyecto y elimina materialmente el riesgo del proyecto”.
Condor, que cotiza en Toronto y Londres, tiene permisos para construir y operar tres minas a cielo abierto, la más avanzada de las cuales se cree que contiene 602,000 onzas de oro con un valor de casi $ 900 millones a precios actuales. Condor es en parte propiedad de una empresa perteneciente a un ingeniero de minas estadounidense que ha trabajado durante décadas en el país.
Como parte de las acciones del lunes, el Departamento de Estado también retirará las visas estadounidenses de más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega o ayudan a formular, implementar y beneficiarse de políticas que socavan la democracia en el país, la dijeron funcionarios estadounidenses. Previamente congeló los activos estadounidenses del ministro de defensa y otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales.
Anteriormente, la administración Biden también sancionó a la empresa minera estatal. También reasignó la cuota de azúcar del país, eliminando un valioso subsidio estadounidense por valor de millones de dólares cada año.
Los nicaragüenses comenzaron a huir de su país en 2018, inicialmente a la vecina Costa Rica, luego de que Ortega reprimiera violentamente protestas callejeras masivas. Luego, en 2021, las fuerzas de seguridad comenzaron a detener a los principales líderes de la oposición, incluidos siete posibles rivales de Ortega antes de las elecciones presidenciales de ese año. Sin un retador significativo, Ortega logró un cuarto mandato consecutivo de cinco años y los nicaragüenses abandonaron su patria en cantidades aún mayores.