Organizaciones de derechos fundamentales denuncian que se encuentra en “riesgo” la vida del general Héctor Hernández Da Costa, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, en 2018.
Por Carolina Alcalde | Voz de América
El Observatorio Nacional de DDHH, además de Justicia y Proceso, una ONG dedicada a la defensa de presos políticos, denunciaron que el militar requiere atención médica “de manera urgente” y que su estado de salud es “delicado”, pues presenta “altos niveles de glicemia y no ha recibido el tratamiento debido” en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta en Caracas.
Theresly Malave, directora de Justicia y Proceso e integrante del equipo defensor del general que, al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe de Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, dijo este domingo a la Voz de América que al militar, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no se le ha permitido recibir atención por parte de un médico de su confianza.
“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decir la clínica, la hora y el momento en el que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más nada, pero aquí el derecho a la salud es completamente precario y a él se le ha negado absolutamente”, expuso al afirmar que los familiares no tienen acceso a los resultados de los “poquísimos” exámenes que le han practicado en los últimos 4 años.
#URGENTE | El Gral. Héctor Hernández Da Costa requiere atención médica de manera urgente. Su estado de salud es delicado, presente altos niveles de glicemia y no ha recibido el tratamiento debido, lo cual pone en riesgo su vida.#AtenciónMédicaYa pic.twitter.com/tHCzc9Q1Bl
— Observatorio Nacional de DDHH (@ONacionalDDHH) October 22, 2022
Su salud está colapsando
En marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a todas las personas (militares y civiles) detenidas en la DGCIM, “quienes presuntamente estarían siendo víctima de actos de violencia por parte de las autoridades a cargo de dicha Dirección”, entre ellos Hernández Da Costa.
La CIDH solicitó al Estado adoptar medidas para proteger los derechos a salud, vida a integridad personal del general y adoptar medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales aplicables, en particular, medidas que posibiliten la atención medica necesaria.
Malave advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
“Nada pasa, no hay correctivos de ningún tipo y los correctivos es para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. El general Baduel lo comentaba cuando estaba en Fuerte Tiuna, “ellos nos quieren a todos muertos””.
En medio de dudosas y no esclarecidas circunstancias para familiares y abogados, 10 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano entre 2015 y 2021.
El 13 de agosto de 2018, minutos antes de su detención, el general divulgó en un video en el que denunció que, sin orden de allanamiento o aprehensión, funcionarios de la DGCIM llegaron a su vivienda en la urbanización Los Palos Grandes en el este de Caracas.
“Me quieren obligar a la fuerza a que los acompañe, me declaro inocente de cualquier situación que se me quiera atribuir de una manera perversa. Estos jóvenes del DGCIM han llegado a mi vivienda de manera violenta, pretenden irrumpir, ya mandaron a buscar las herramientas para llevarme detenido supuestamente por orden del presidente de la República”, manifestó en el material audiovisual.
En agosto de este año, 17 personas, civiles y militares, entre ellos el parlamentario Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra Maduro.
La decisión fue cuestionada por diversos sectores que insisten en que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que el régimen chavista controla el poder judicial.
En ese entonces, Tarek William Saab aseguró que durante el juicio se garantizó el debido proceso.
Las autoridades venezolanas no han reaccionado ni hecho declaraciones sobre las denuncias de las oenegés sobre el general Hernández Da Costa.