Las reaperturas de casos y las condenas a algunos policías y militares, así como las reformas legales, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras medidas adoptadas en los últimos meses por las autoridades venezolanas no han servido para convencer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que están «investigando genuinamente» los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
«La información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procedimientos internos se centran en los perpetradores directos (y aparentemente bajo nivel miembros de las fuerzas de seguridad del Estado) y en su mayoría sobre delitos calificados como de “menor” gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto»,
Esto lo denunció el fiscal en jefe del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el británico Karim Khan, quien el martes 1 de noviembre pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo permiso para continuar sus averiguaciones sobre el país, las cuales abrió hace un año.
¿Cuáles han sido los motivos que llevaron a Khan a dar este paso? Una revisión del documento de sesenta y dos páginas que el funcionario remitió a la Sala permitió identificar cinco razones.
1. Sin voluntad real de investigar
Pese a que el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha asegurado que desde 2017 ha abierto investigaciones a 1.403 agentes por su presunta implicación en detenciones arbitrarias, malos tratos o ejecuciones extrajudiciales, y que ha acusado a 1.546 y detenido a 769, Khan considera que «los procedimientos internos puestos en marcha no reflejan suficientemente voluntad de castigar los crímenes» ocurridos desde 2017.
Para sustentar su señalamiento, el fiscal de la CPI utilizó las cifras que le suministraron las autoridades. Así le explicó a la Sala que de los 893 casos que el Ministerio Público (MP) le informó que estaba investigando, 606 (67,86%) se hallan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera había logrado determinar a los autores de los crímenes. Además, apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez.
Otro argumento que dio el fiscal es que 611 de los casos estaban siendo considerados como «delitos menores», los cuales se castigan con apenas 6 meses de cárcel, ello a pesar de que algunos podían implicar tratos crueles, desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias, los cuales son tipificados por la CPI como crímenes de lesa humanidad.
Khan también mostró sorpresa por el hecho de que las autoridades le hayan informado que solo tienen abiertas 12 investigaciones por tortura y 2 por violación sexual, pues su oficina tiene datos que le hacen sospechar que desde 2017 entre 300 o 400 personas han podido ser víctimas de ambos delitos.
2. Lentitud inexplicable
Khan criticó el hecho de que el grueso de los casos continúe en fase preliminar, pese a que han transcurrido casi seis años desde que ocurrieron algunos de ellos. Así, esto expuso el jurista británico:
«En muchos casos las investigaciones parecen haber estado en gran medida inactivas hasta 2021 o 2022, o se iniciaron en este período, coincidiendo con las solicitudes de información de la Fiscalía (de la CPI) (…) Estos prolongados retrasos apoyan la conclusión de que se llevaron a cabo con la intención de proteger a los sospechosos de enfrentar procesos criminales».
3. A los jefes ni con un pétalo
En su documento, el fiscal Khan no dejó pasar el hecho de que hasta ahora la totalidad de las investigaciones y las escasas condenas impuestas por la justicia han estado dirigidas contra los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos; es decir funcionarios de bajo rango.
«Parece que las autoridades venezolanas no han investigado a funcionarios en posiciones medias o altas de autoridad en el aparato del Estado que también podrían ser responsables penalmente por la comisión de los delitos, ya sea directa o indirectamente», se quejó.
4. Jueces o verdugos
Otro motivo alegado por Khan para dudar de la voluntad y capacidad de la justicia venezolana de investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país es el hecho de que algunos de sus integrantes han sido autores de estos.
«Se ha alegado que miembros de la judicatura venezolana, incluidos algunos jueces y fiscales, pueden haber tenido un papel importante en la comisión de los delitos identificados durante el examen preliminar», dijo, para luego citar los hallazgos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas.
«La Misión informó que algunos (jueces y fiscales) han jugado un papel directo en el arresto arbitrario, la detención y la tortura de opositores reales o percibidos del Gobierno venezolanos, entre otras cosas, emitiendo órdenes de arresto, ordenando prisión preventiva y formulación de cargos penales graves sin fundamento suficiente; usando pruebas obtenidas como resultado de interrogatorios y registros ilegales; y plantando, fabricando o manipulación de pruebas. Si las mismas autoridades judiciales y fiscales deben investigar delitos en los que presuntamente han participado, entonces se creen dudas legítimas sobre imparcialidad».
5. La revolución judicial es insuficiente
Khan, en su documento, tomó nota de las reformas legales y administrativas aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) en materia de justicia, y aunque las saludó, las consideró «insuficientes», porque no atacan los problemas más graves que afectan a este poder público: su falta de independencia e imparcialidad.
El fiscal recordó que en el país la inmensa mayoría de los jueces y la casi totalidad de los fiscales siguen siendo provisorios, por lo cual son designados por el TSJ y el fiscal general de la República, respectivamente; y también pueden ser removidos por ellos en cualquier momento y sin procedimiento previo que les garantice el debido proceso.
«Como resultado, su posición es precaria y el ejercicio de sus funciones es susceptible de influencias externas indebidas y lealtades personales o políticas», alertó el jurista británico.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La solicitud de Karim Khan de continuar la investigación a Venezuela revela que han fracasado los intentos y maniobras de las autoridades para intentar impedirle a la justicia internacional que investigue los crímenes de lesa humanidad que se vienen registrando en el país.
El informe del fiscal de la CPI es una buena noticia para las víctimas y sus familiares que ven que la posibilidad de ser escuchados por un organismo de justicia independiente e imparcial se acerca.