La incertidumbre planea sobre Perú este jueves en el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional tras la fulminante destitución y detención de Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado.
Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial, lo que permitirá tomar el pulso a la orientación de su gobierno y vislumbrar sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta política que la acecha desde el parlamento.
Tras una sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la institucionalidad de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera mujer presidenta del país y dejó claro que aspira a cumplir todo el período, hasta julio de 2026.
Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará ese objetivo, o si deberá resignarse a dar un paso al costado y pedir elecciones generales anticipadas.
En sus primeras palabras como jefa del gobierno peruano, llamó a la “unidad nacional” y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno izquierdista de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.
Luego lanzó un guiño a la Organización de los Estados Americanos: “Hago un pedido muy concreto a la representación nacional, solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”.
A inicios de diciembre, una misión de la OEA que monitorea la crisis política peruana había pedido una tregua de 100 días entre el Ejecutivo y Legislativo que no llegó a ocurrir.
Horas de vértigo
Perú vivió el miércoles horas de vértigo que terminaron con Castillo detenido por la noche en una base policial al este de Lima, acusado en flagrancia del delito de rebelión.
Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacar al presidente del poder en 16 meses, este denunció que era blanco de “un ataque sin cuartel” por parte del parlamento, anunció su disolución y un toque de queda, y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
Tras la destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se apresuró a referirse a él como “expresidente” y estimó que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” de acuerdo con las reglas democráticas.
Países de toda la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de derecho y la democracia en Perú.
Una presidencia frágil
Sin bancada propia en el Congreso, Boluarte enfrenta una situación de fragilidad muy similar a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, que acabó perdiendo el cargo.
“No tiene bancada en el Congreso, está sola”, advirtió el expresidente Ollanta Humala en declaraciones a la televisión Canal N la noche del miércoles.
“No tiene las herramientas para gobernar, ella debe convocar un adelanto de elecciones, puede ser renunciando para que asuma el presidente del Congreso y adelante elecciones”, agregó Humala, quien gobernó de 2011 a 2016.
El expresidente se mostró escéptico sobre el porvenir del gobierno de Boluarte.
“Lo de hoy es una tregua que durará un mes o quizás más, pero luego se le vienen encima los grandes problemas del país”, añadió.
“Esperemos que la presidenta nombre a un gabinete de ancha base, un muy buen gabinete y todos debemos de hacer las cosas posibles para que las cosas funcionen bien”, tuiteó la líder derechista Keiko Fujimori.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que su partido, Fuerza Popular, primera minoría en el Congreso, apoyará a la nueva presidenta.
Boluarte puede tener a su favor el enorme desprestigio del Congreso debido a escándalos de corrupción, que lo han llevado a tener una desaprobación de 86% en los sondeos.
AFP