A diario el régimen de Nicolás Maduro se encarga de vilipendiar los mensajes críticos, catalogándolos, sin una defensa apegada a derecho, de “delitos de odio”. La censura ha escalado con bloqueos a portales informativos, cierres de emisoras de radio, obstaculización para el libre ejercicio del periodismo e incluso detenciones arbitrarias.
Espacio Público, ONG especializada en defender los derechos humanos y la libertad de expresión, ha recopilado en los últimos años las arremetidas del chavismo en un país que poco a poco pierde la capacidad para articular ideas sin temor a represalias. Carlos Correa, director de dicha asociación, conversó con La Patilla para exponer la realidad de una voz silenciada por la dictadura.
Durante noviembre se registraron al menos 33 violaciones y 12 casos relacionados con la libertad de expresión. De ellos, un total de 15 medios de comunicación fueron víctimas de atropellos en todo el mes, representando el 62 % de los casos que documentó Espacio Público. Solo en Zulia, 5 estaciones salieron del aire por órdenes de Conatel. Correa expresó que en todo el 2022 se han evidenciado 80 cierres de emisoras en Venezuela.
“No hay ningún argumento por parte de Conatel de estos cierres. Es decir, el espectro radioeléctrico de Venezuela tiene muchísimo tiempo que está desordenado (…) Hay dos tipos de procedimientos que lleva a cabo Conatel, uno es cuando van y le quitan los equipos y la otra es que le ordenan apagar los transmisores. Entonces, las emisoras detienen los transmisores porque se los pide Conatel”, mencionó.
Correa recordó que el ataque a las emisoras inició en el 2009, cuando Diosdado Cabello perdió la gobernación de Miranda y fue nombrado titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Entonces se les pidió a los responsables de esas emisoras presentarse ante el ministerio pero, como muchos de los permisos se dieron hace tiempo, un importante grupo perdió la titularidad al no poder avalar tal requerimiento. También existen casos donde la crítica irrita al régimen chavista, que procede a coartar la libertad de expresión.
“Creo que hay razones políticas, es decir, emisoras a las que quieren castigar porque tienen una cobertura que les resulta incómoda, incluso emisoras que se las quieren distribuir entre ellos. Cuando uno evalúa cuáles son los estados donde ha habido mayor número de cierres, ves al estado Zulia, por ejemplo, que es un estado que está gobernado por un sector de oposición. Entonces, pareciera que están tratando de silenciar voces que pudieran dar cabida a críticas que afecten el gobierno nacional. Es decir, creo que hay factores asociados al tema político”, comentó.
Las emisoras de radio no son las únicas afectadas en esta arremetida del chavismo, puesto que también destinaron recursos para desaparecer portales digitales informativos.
“En el caso de los portales web, nosotros tenemos datos de hace mucho tiempo, que hay más de mil cerrados. De alrededor de 100 portales informativos que están basados en el país, la mitad están bloqueados. Es decir, tienes que utilizar VPN para poder acceder a ellos”, explicó el activista.
Correa recalcó que, pese a la ausencia de una lista completa de bloqueos, más del 50% de los portales informativos de Venezuela están bloqueados. “Ese es un dato que tenemos verificado. Diría que básicamente hay una censura dirigida especialmente a portales informativos, pero también hemos documentado el bloqueo de portales de organizaciones no gubernamentales”.
Aunque no pueden darlo como un hecho, una de las hipótesis principales que maneja Espacio Público sobre la agudización de la censura se refiere al escenario electoral programado en Venezuela para los próximos meses.
“Ahí las emisoras de radio son fundamentales porque, ¿de qué manera se van a dar a conocer los candidatos si no hay periódicos? Los periódicos no están con la misma fuerza”, detalló Correa.
Pero lo que más preocupación genera es la rumoreada reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, además de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos por parte de la asamblea de mayoría chavista.
“Nosotros hemos advertido de que los procesos de regulación en Venezuela son claramente restrictivos, contrarios a la Constitución venezolana y contrarios a los estándares internacionales, incluso el dibujo que se está produciendo, la ley, las normas”, advirtió.